La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes 14 de julio las “restricciones al derecho a la participación política y a la libertad de asociación” de los candidatos a las primarias del 22 de octubre.
Quien resulte electo ese día se medirá con el candidato oficialista en las elecciones presidenciales de 2024.
“El Estado debe garantizar el pluralismo en la dirección de los asuntos públicos, (…) así como permitir el ejercicio de la protesta pacífica”, expresó la CIDH en un comunicado que difundió la Organización de los Estados Americanos (OEA), en donde rechaza las inhabilitaciones a María Corina Machado, Henrique Capriles Radonski y a Freddy Superlano.
Estas medidas administrativas, impuestas en diferentes períodos, no impiden a los candidatos a participar en las elecciones primarias, pero sí estarían bloqueados para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral como aspirantes a la Presidencia de la República.
La inhabilitación también les impide ejercer otros cargos de carácter público.
La CIDH indicó que “ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir”, así como tampoco a ser electo a través de “sanciones de inhabilidad o destitución”.
En este sentido, afirmó que las inhabilitaciones responden a una política de Estado cuyo objetivo busca “cerrar el espacio cívico”. Ante esto, considera que el Estado debe adoptar un “compromiso genuino con la democracia” y que levante “las inhabilitaciones administrativas, absteniéndose de incurrir en detenciones arbitrarias y permitiendo la participación política”, precisó la CIDH.
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