Este lunes 8 de mayo los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron la petición del Gobierno venezolano de responder al reciente informe de las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad, el cual implicaba acceder a información confidencial de quienes denunciaron.
Aseguraron haber recibido toda la documentación necesaria para comenzar a evaluar la solicitud del fiscal de la CPI, Karim Khan, de reanudar la investigación Venezuela I, para luego tomar una decisión al respecto.
Según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la solicitud del gobierno nacional carecía de posibilidades de éxito.
“Se trataba de una táctica dilatoria para retrasar la decisión de los jueces sobre la reanudación de la investigación Venezuela I por crímenes contra la humanidad”, indicó la organización a través de una nota de prensa.
Razones de la CPI para rechazar la petición
En primer lugar, los alegatos del Estado venezolano no fueron lo suficientemente precisos como para permitir a los jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder.
El gobierno de Nicolás Maduro había alegado que el informe de la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas de la CPI planteaba nuevas cuestiones “que no pudieron haber anticipado razonablemente”.
También señalaron que el informe presentaba hechos sobre supuestas víctimas que pudieron haber sido objeto de investigaciones internas o incluso los perpetradores pudieron haber recibido sanciones internas.
Esta petición argumentaba que podía ser que los hechos no hubiesen sido reportados ante el sistema judicial interno de Venezuela, lo que haría necesario que el Gobierno venezolano “responda en detalle cada uno de esos alegatos”.
En segundo lugar, para los jueces la respuesta de un Estado al informe de las víctimas no está prevista por el marco jurídico de la CPI en esta etapa.
Es decir, las normas de la Corte Penal Internacional no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía el gobierno nacional “responder en detalle a cada una de estas alegaciones” de las víctimas.
Los jueces recuerdan que las víctimas participan como “potenciales víctimas”, lo cual significa que no han sido reconocidas como víctimas y por tanto no son parte del proceso en este momento.
Por esta razón, el informe de las víctimas no es una “respuesta” que pueda ser controvertida por el Estado.
2.000 testimonios de crímenes de lesa humanidad
Hasta el 7 de marzo la CPI recibió 2.000 formularios, documentos y videos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
La información la ofreció la CPI, juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), el cual anunció en su sitio web que el lapso para que los particulares informaran sobre lo que les ocurrió y, sobre todo, para que expusieran si consideraban que las autoridades venezolanas estaban investigando dichos hechos, concluyó el pasado 7 de marzo.
La CPI admitió que la instancia encargada de recibir la información se ha visto desbordada por la cantidad de material recibido desde Venezuela vinculado crímenes de lesa humanidad.
“La VPRS aún no ha acusado recibo de todos los formularios y videos recibidos debido al altísimo volumen de información recibida particularmente en la primera semana de marzo”, reveló.
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