La llamada ley contra la sociedad civil no debe aprobarse en segunda discusión porque atenta contra la libertad de asociación establecida en la Constitución Nacional, según Mariana Romero, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
El Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines volvió a encender las alarmas de la sociedad civil en Venezuela y en el extranjero.
Romero explicó, en el programa Háblame Bajito que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, el alcance y los riesgos de este instrumento que se debate en la Asamblea Nacional.
En principio, es una ley que parte de la premisa de que las organizaciones de la sociedad civil son un peligro o cometen actos delictivos.
Desde el año 2012, el gobierno ha creado una serie de normativas legales y sub legales para asfixiar las posibilidades operativas de la sociedad civil, advirtió Romero.
Desde entonces, se toman medidas “para restringir y limitar el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la reunión, en el marco de una política de Estado represiva, de criminalización y control social que existe en contra de la promoción, defensa y exigencia de Derechos Humanos”.
El objetivo de esta nueva ley sería cercenar el espacio cívico y democrático en el país.
Las ONG no son bandas criminales
Desde que se presentó este proyecto de ley, en televisión, el año pasado, “algunos funcionarios públicos hacen amenazas, graves y reiteradas amenazas sobre la necesidad de aprobar una normativa orientada a controlar a las organizaciones no gubernamentales, relacionando sus actividades con fines ilícitos: terrorismo, desestabilización, delincuencia organizada…”
Por otro lado, el procedimiento de aprobación de esta ley es poco transparente, advirtió la abogada. No se utilizan los canales oficiales para informar sobre el contenido y el proceso.
De acuerdo con la especialista, este procedimiento no estuvo ni está apegado a lo que establecen las normas venezolanas sobre actividad parlamentaria.
¿A quién afecta la ley contra la sociedad civil?
En primera instancia, la ley afecta la libertad de asociación, libertad de reunión y la defensa de los Derechos Humanos.
“Es un instrumento legal con fines persecutorios de la sociedad civil”, reitera la representante de la Universidad Católica Andrés Bello.
De hecho, de aprobarse estaría violando el derecho internacional. Los acuerdos globales establecen que los Estados no deben poner demasiadas trabas a los ciudadanos para que se agrupen, para que ejerzan la libertad de reunión.
Esta ley es ambigua, trataría por igual a una organización humanitaria, a una asociación de vecinos, o a un consejo comunal sin distinciones.
La ley también impondría un requisito nuevo de registro a las organizaciones. Pero las ONG ya están registradas.
Este mecanismos, además sería aprobatorio, Es decir, podrían decirle a la organización que no es admitida o legalizada.
También la ley limitaría la acción territorial porque solo podrían realizar actividades en el lugar en el que se registraron.
Las ong están registradas y pueden auditarse
La abogada Mariana Romero recordó que en los registros del Servicio Autónomo de Registro y Notarias (Saren) ya reposa la lista de organizaciones legalmente constituidas en el país.
Además, las organizaciones tienen obligaciones con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), es decir, que su actividad económica es auditable.
Ya existen mecanismos para verificar la legalidad de las actividades de la sociedad civil y saber de dónde provienen los fondos con los que se realizan las actividades.
Más peligro que bondad
La ley representa un peligro para las organizaciones y para los beneficiarios de estas organizaciones, porque podría violentar la confiabilidad de los datos y la seguridad de las personas.
La abogada insistió que se afecta la libertad de las organizaciones, e incluso la ilegalización de las organizaciones que estén documentando vulneración de Derechos Humanos en el país.
Las organizaciones podrían ser multadas si no se registran.
Por último, el derecho internacional establece estándares para garantizar la libertad de asociación en el mundo. Venezuela avala estos derechos y los reconoce en la constitución.
A juicio de la defensora de Derechos Humanos y abogada, es necesario revertir los avances de esta normativa. No puede ser aprobada en segunda discusión.
Escuche la entrevista que ofreció Mariana Romero a la periodista Carlota Rojas
Organizaciones internacionales han publicado comunicados rechazando la llamada ley contra la sociedad civil.
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