A través de una carta, diversas organizaciones internacionales expresaron su “preocupación por los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para reanudar y avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”.
En el comunicado explican que “en caso de ser promulgada, esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente”.
Esta ley, además, obligaría a las ONG “a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento y revelar cualquier financiamiento extranjero”.
Para leer la carta, haz click aquí: Comunicado de organizaciones internacionales
Las organizaciones firmantes son:
- – Robert F. Kennedy Human Rights
- – Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- – Human Rights Watch
- – Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA)
- – Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- – Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- – Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
¿Cuál es el destino de la sociedad civil venezolana?
El pasado 24 de enero se aprobó en primera discusión una ley para regular a las ONG en Venezuela. Hasta la fecha no se conoce de forma oficial el contenido de la ley.
¿Esta nueva ley violenta el derecho a la libre asociación?
En el programa Háblame Bajito, que transmite Radio Fe y Alegría Noticias, el 26 de agosto de 2023 se consultó las implicaciones del “Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”, a la abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Mariana Romero.
La especialista se preguntó: “¿cómo puede someterse a consulta pública un instrumento que no ha sido publicado de manera oficial?”. Y aseguró que no se puede partir de la “buena fe” con una ley que no está apegada a la legislación internacional.
La abogada y defensora de los Derechos Humanos la considera una “amenaza que se da en el marco del ataque y cierre continuo del espacio cívico”.
El propósito de esta ley que se debate en la Asamblea Nacional “viola los Derechos Humanos, es restrictiva y punitiva”, según ella.
También aseguró que ya hay leyes e instituciones en el país que permiten al Estado conocer a las Organizaciones No Gubernamentales, saber su actuación y la procedencia de su financiamiento.
Una de las instituciones es el Servicio Autónomo de Registros y Notarías que tiene las competencias y conoce el estatus de las ONG.
La creación de un nuevo instrumento jurídico buscaría “criminalizar las actuaciones de las organizaciones no gubernamentales”.
El derecho internacional
La abogada Mariana Romero aseguró que instancias de Naciones Unidas (ONU) hacen seguimiento a las implicaciones de esta ley, porque justamente hay pronunciamientos en el que se le exige a los países no crear legislaciones o instrumentos que impliquen controles excesivos o indebidos a las organizaciones de la sociedad civil.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.
