Carlos Correa, Director General de la organización no gubernamental en materia del derecho a la libertad de expresión e información, Espacio Público, estuvo en la «jugada informativa» del 27 y 28 de febrero de 1989.
Jefaturaba el equipo de comunicadores populares de radio Fe y Alegría para la época. Y ciertamente eran otros momentos tanto en la política como en la economía del país.
Empezaba el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez. Días antes de la «bajada de los cerros de Caracas», el presidente de la república autorizaba un aumento en los precios de los pasajes del transporte público masivo.
Y Correa recuerda que «lo que ocurría es que a la gente le costaba llegar al final del mes. Algunas personas, especialmente en Guatire y Guarenas, no tenían para pagar el pasaje para regresar».
El resto de la historia ya lo conocemos.
Aunque las comparaciones son odiosas, mucho más si responden a la historia. Pero el activista de derechos humanos se permite esa licencia en conversación franca con radio Fe y Alegría Noticias.
Comienza por afirmar que «hace 31 años no había una emergencia humanitaria compleja como la que estamos viviendo en el país».
Si había descontento en la población. Sobre todo porque el sueldo no le alcanzaba para mucha cosa. Y también había mucha pobreza.
Pero el también experto en comunicación social alerta sobre una de las novedades de esos sucesos. «Una de las cosas que ocurrió es que se sacó el ejército a la calle. Y los militares fueron los responsables de la represión. Ese es uno de los elementos que conviene recordar en una fecha como este 27 y 28 de febrero», apunta Correa.
Y añade esta otra observación como campanada a seguir tomando en cuenta para estos tiempos. «Los militares no son para ejercer el control del orden público. Y una de las cosas que estamos viendo actualmente es que una gente que está capacitada para labores de guerra hace tareas de control del orden público».
O como diría la señora Petra de Catia. «Los militares pa los cuarteles».
Estrategias de impunidad
En situaciones de vulneración de los DDHH, dice Correa, los gobiernos y las autoridades empiezan a desarrollar estrategias de impunidad.
Nombra los ejemplos de las fosas comunes cuando estos sucesos. Otras de las víctimas estaban en el Cementerio General del Sur. Activistas de derechos humanos hacían guardia para que no sacaran esos cadáveres y de esa manera perder las evidencias para las investigaciones que tenían qué hacerse.
En ese sentido, reseña uno de los problemas es que la sentencia del Caracazo no se ha cumplido. «(Esa sentencia) no solo reparaba a las víctimas que decidieron demandar sino que establecía algunos mecanismos y recomendaciones para que esos hechos no se repitieran».
Hoy en día es muy difícil que un tribunal sentencie en un caso de violación de derechos humanos en contra de un ente oficial.
«Por ejemplo, se están produciendo muchos asesinatos por las FAES y muchas veces lo que encontramos en el discurso oficial es que se alienta ese tipo de prácticas. En Venezuela no existe la pena de muerte. Esas ejecuciones son asesinatos y son graves violaciones de derechos humanos», apunta el también abogado.
Para que el Estado venezolano pueda subsanar eso se necesita un poder público independiente. Es decir, que efectivamente se pueda sancionar a un funcionario sin temor a que después se detecte que la investigación no se adelante.
Hoy en día el desafío de defensa y protección de los derechos humanos es mucho más grande porque hay otros elementos que lo han complejizado. El Estado venezolano no pudo atajar a tiempo algunos de los problemas que se han venido denunciando.
Antes está el caso de El Amparo en 1988. Tampoco esa situación se ha resuelto. En la frontera actualmente hay presencia y actuación de grupos paraestatales haciendo tropelías de todo tipo. «Y por supuesto eso habla de que no hemos hecho la tarea como sociedad y tampoco el liderazgo social y político lo frenó a tiempo».
¿Qué tan importante es recordar estos sucesos en cada fecha?
«La memoria es una de las herramientas más importantes que tenemos para tratar de hacer justicia y reparación», señala el director de Espacio Público.
Y en esa línea «justicia significa castigar a los responsables de cada violación de derechos humanos. Pero además existe la reparación que significa «reparar» a las víctimas que murieron en esas circunstancias. Pero la reparación más profunda es que no se repitan estos hechos».
En las movilizaciones de los últimos tiempos vemos cómo se siguen repitiendo esos hechos. Se siguen produciendo muertes. Se siguen asesinando a personas que participan en ese tipo de movilizaciones y básicamente esos hechos quedan impunes.
La memoria es un buen ejercicio para que tengamos una mejor sociedad y una vida justa y digna para todos.
El trabajo de los medios durante esos días
Hubo dos momentos. Al principio cuando se presentaron esas movilizaciones hay que decir que las televisoras no tenían los recursos para las transmisiones en directo de lo que estaba ocurriendo. Pero después si pudieron hacerlo y se les acusó de ser los responsables de que esas movilizaciones se expandieran. Es decir, se les dio visibilidad a esas movilizaciones.
Después se decretó una situación de emergencia y se produjo un estado de sitio con un toque de queda a partir de las 6 de la tarde. Y eso hizo que los medios se callaron.
Recuerda que «se produjo un silenciamiento brutal exceptuando radio Fe y Alegría que siguió informando con los riesgos que eso implicaba».
«Una de las cosas que decidimos, porque yo estaba detrás de esas decisiones, fue la de abrir los micrófonos para que la gente tuviera la posibilidad de expresar lo que sentía y abrir la posibilidad para que los distintos analizaran lo que estaba ocurriendo».
Y esa práctica ha sello que sigue distinguiendo a la red nacional de radio Fe y Alegría porque estamos «Con Todas Las Voces».
Desde esta perspectiva afirma que «ss un error en situaciones de conmoción silenciar a los medios porque lo que hacen es aumentar la ansiedad. Por supuesto hay que tener la conciencia de prestar un servicio responsable, de ser cuidadosos, de no generar falsas alarmas».
Y acota que como sociedad y como líderes «no hemos aprendido y se sigue cercenando a los medios de comunicación con prácticas repetidas».
