«La nueva ley viola el principio de la legalidad»

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El abogado Juan Manuel Rafalli detecta tres grandes áreas que generan mucha preocupación al aprobarse la ley antibloqueo por la ANC este jueves 8 de octubre.

El primer área la enmarca en la violación del principio de la legalidad. Es decir, Rafalli apunta que la ley le permite al presidente desaplicar otras leyes y normas jurídicas preexistentes.

La propia constitución nacional establece que los funcionarios de todos los poderes de la administración pública solo pueden ejecutar las facultades que las leyes les confieren.

«A diferencia de nosotros los ciudadanos que podemos hacer todo lo que no nos está prohibido por la ley siempre y cuando no le hagamos daño a otros».

En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias explica el jurista que el principio de la legalidad consiste en que el poder tiene que estar atado a esas normas que la carta magna determina.

Afirma que esta extralimitación de las competencias del jefe del Estado es grave porque le permite realizar actos que contradicen el marco legal vigente porque esta nueva ley antibloqueo así se lo faculta.

Pone como ejemplo, que al existir ya la declaración de desaplicación de otras leyes y normas, el presidente puede aprobar, en medio de la necesidad de aprobar nuevos mecanismos de financiamiento, el otorgamiento de concesiones de manera directa, hacer contratos de interés público, «todo ello sin tener autorización ni controles previos y posteriores».

Reseña que en este caso, fácilmente el mandatario puede dejar sin efecto las leyes de las contrataciones públicas, de concesiones para proyectos de inversión, y otros instrumentos legales de similar tenor y alcance.

Agrega Rafalli en este capítulo que «todos los ingresos que se produzcan no van a entrar dentro del presupuesto anual, porque hay una ley de presupuesto que debe tener aprobación legislativa, sino dentro de una partida presupuestaria aparte del Tesoro y ahí los podrá gastar como mejor le convenga».

Apunta que este procedimiento viola el artículo 312 constitucional que establece que ningún gasto debe ser efectuado fuera del presupuesto aprobado «y en todo caso, autorizado por una ley de endeudamiento que también debe ser aprobada legislativamente».

Cierra este capítulo señalando que hay que recordar que en Venezuela funciona un régimen presidencialista con sujeción y control parlamentario «que limita y controla el ejercicio del poder cuando tú tienes una vocación del ejercicio del poder absoluto».

En conclusión, para el abogado con esta nueva ley no solo se omite al poder legislativo «sino también al estado de Derecho».

Todo lo que se haga quedará en secreto

En segundo lugar destaca que se crea un principio de reserva y confidencialidad «como una especie de cuarto oscuro».

Esto quiere decir que todos esos actos, procedimientos, contratos que el presidente decide hacer, con facultades amplias, laxas, quedan sometidos a una reserva «y los periodistas, los ciudadanos, no podremos increpar a los funcionarios públicos para revisar expedientes, archivos y actos para obtener información».

Todo será declarado como secreto y el jefe de Estado puede comprometer los bienes y activos de la república y nadie no tiene por qué enterarse.

Cuestiona que el presidente de la república use «edulcorantes» para promocionar la ley anunciando que con su aplicación podrá mejorar sueldos, salarios y pensiones, cuando «en realidad podrá gastar todo como le dé la gana».

Un equilibrio que ya venía roto

La tercera gran preocupación que enfatiza Juan Manuel Rafalli es el rompimiento del equilibrio institucional porque se fractura la necesaria separación de poderes.

Asevera que si no existe ese balance sencillamente no hay democracia en Venezuela «que depende justamente del funcionamiento equilibrado de las instituciones del Estado».

Ese quiebre es lo que llama la instauración de un poder absoluto «muy propio de las monarquías absolutas».

En este plano señala que debido a los acontecimientos políticos suscitados, referentes a la asamblea nacional, poder electoral y otros, desde hace 20 años «tú te das cuenta que ya existe una tradición del ejercicio del poder de manera absolutista…y allí es donde está el problema porque no se tiene vocación de alternancia del poder es cuando la democracia agoniza».

Por exige insiste en propiciar elecciones libres, justas, imparciales y transparentes para que la sociedad venezolana termine reconociendo que esa es la vía para resolver los graves conflictos en el país.

El especialista en derecho constitucional sugiere que una ley antibloqueo solo debería tener un solo artículo referido a convocar elecciones generales de presidente y parlamentarios con todas las garantías.

De esa forma, cree, se levantarán de inmediato las sanciones y el bloqueo económico que pesan sobre el país.

«Lo que los otros países están diciendo es que el presidente cumpla con su propia constitución nacional».

Otros «detalles»

También critica que el proyecto de ley tuviera una sola discusión cuando lo debido es que el debate ha tenido que contar con dos y hasta tres discusiones. En la ANC, «que no está para legislar sino para redactar una nueva constitución de la cual no han puesto ni una letra», se presentó y se aprobó el mismo día.

Por otro lado, el proyecto de ley, por su naturaleza, tampoco fue consultado con los diversos sectores de la sociedad civil y política del país. Este aspecto «ya le quita legitimidad porque fue un proyecto redactado y aprobado por unos pocos».

Reveló que hasta este viernes no había sido publicado en gaceta oficial el texto que se aprobó en la sesión de la constituyente este jueves. Por tanto, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que contiene el nuevo instrumento.

Dice haberle llamado la atención el hecho de que ayer no se supiera cuántos votos a favor obtuvo la moción «tomando en cuenta que hubo algunos constituyentes que no estaban de acuerdo y otros que no pudieron llegar».