El Ejército de Nicaragua es el responsable de más de trecientos asesinatos en el contexto de las protestas y represión ocurridas en 2018. La afirmación corresponde al informe del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Según este informe, divulgado el 26 de febrero, el Ejército de Nicaragua cometió ejecuciones extrajudiciales para “neutralizar” el descontento social.
El informe señala directamente al jefe del Ejército de Nicaragua y exguerrillero sandinista Julio César Avilés de proporcionar armas de guerra a la policía y a grupos armados progubernamentales.
Los grupos civiles fueron los encargados de realizar las operaciones de inteligencia con un entrenamiento previo y estuvo conformado por jóvenes marginados y funcionarios públicos.
El grupo logró reunir evidencias
Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencias que muestran que el Ejército participó junto con la policía y grupos paraestatales en la represión contra las protestas masivas de 2018.
Durante las acciones, más de 300 personas fueron asesinadas, según el informe. Las pruebas refutan la postura del Estado que negó la participación de grupos de civiles armados y la represión desmedida por parte de policías y militares.
El grupo también concluyó que la policía y los grupos armados progubernamentales actuaron de manera coordinada e hicieron uso de la fuerza letal. Los mismo grupos también habrían participado en ejecuciones extrajudiciales.
“Sin embargo, el grupo ha obtenido información creíble de que el Ejército participó en la represión utilizando armas letales, en coordinación con la policía y grupos armados progubernamentales”, sostiene el documento.
Una reunión donde se orquestó la represión
El informe detalla que el 20 de abril de 2018, dos días después de haber estallado la crisis, se celebró una reunión en la que participaron oficiales del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y de Personal y Cuadros.
En la mencionada reunión, un alto mando militar transmitió el mensaje presidencial que aseguraba que “el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales”.
En dicha reunión, un militar de alto rango con el cargo de jefe de Estado Mayor del Ejército leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones.
El Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua no menciona el nombre y apellido del militar responsable de la lectura del documento presidencial. No obstante, el que ostentaba el cargo mencionado para abril de 2018 es el mayor general Bayardo Rodríguez.
Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la represión
El grupo estableció que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ordenaron de manera expresa la represión. La orden fue recibida por la policía, el Ejército y los grupos de civiles armados progubernamentales.
La orden del presidente Ortega y su esposa tuvo como objetivo “conservar el poder a toda costa”, según el informe del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
Durante las acciones de represión, también usaron francotiradores contra los civiles que manifestaron contra el Gobierno.
El grupo aseguró que los comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, desplegaron personal militar vistiendo uniformes policiales o ropas civiles.
Esta maniobra habría sido parte de un plan para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno, según expertos de la ONU.
“El Grupo tiene ahora motivos razonables para creer que, junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018”, argumentó.
El general Avilés comanda el Ejército de Nicaragua desde hace cuatro períodos
El pasado viernes, Ortega juramentó al general Julio Avilés como comandante en jefe del Ejército por cuarto mandato consecutivo, los primeros tres por 5 años y el actual por 6 años (2010-2031).
El jefe militar se encuentra sancionado por Estados Unidos por permitir la represión contra manifestantes opositores al Gobierno sandinista en el marco del estallido social que comenzó en abril de 2018.
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