La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un nuevo informe sobre Nicaragua. Destaca la casi desaparición del espacio cívico y la persecución a la iglesia católica.
El nuevo documento de las Naciones Unidas actualizó la situación entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de este año. En este periodo se intensificó la represión contra los adversarios políticos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. También destaca el cierre de organizaciones de la sociedad civil y De la Iglesia católica.
La sociedad civil casi arrasada
La Asamblea Nacional junto con el Ministerio de Gobernación cancelaron la personería jurídica de 1,988 organizaciones entre agosto de 2022 hasta junio de este año, sumando un total de 3,338 canceladas desde el año 2018.
“Organizaciones médicas que prestaban servicios de salud no disponibles en el sistema público han tenido que cerrar; asociaciones empresariales han perdido la capacidad de representar sus intereses; y las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes han perdido organizaciones que trabajaban por sus derechos”, dice el informe.
Los Jesuitas en Nicaragua
En el informe de Naciones Unidas se documentó el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y la retirada de la personaría jurídica a la Compañía de Jesús.
Durante el último año, al menos cinco sacerdotes han sido condenados por los supuestos delitos de “conspiración y menoscabo contra la integridad nacional”, entre ellos, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel y fue despojado de la nacionalidad nicaragüense.
El pasado 8 de septiembre se registró la última detención a un religioso, esta vez contra el sacerdote Osman José Amador Guillén, de la diócesis de Estelí. La captura se realizó sin una orden judicial y sin que se justificaran los motivos.
Las detenciones no paran en Nicaragua
Pese a la expulsión del país de 222 personas presas políticas el 9 de febrero de 2023, las detenciones contra la ciudadanía no se han detenido. Por el contrario, han adoptado nuevas medidas como los juicios exprés que se realizan sin conocimiento de las personas acusadas y sin derecho a la defensa.
“La Oacnudh documentó al menos 49 casos en los que los jueces y juezas de ejecución modificaron indebidamente las condenas, aumentando las penas después de los juicios”, refiere el informe.
“El Alto Comisionado insta al Gobierno a mantener su compromiso de respetar, cumplir y proteger los derechos humanos de todas las personas en Nicaragua, e implementar plenamente las recomendaciones formuladas por la Oacnudh y los mecanismos de derechos humanos que siguen sin cumplirse”, insiste la ONU en el documento.
