Distintos medios de comunicación dentro y fuera de Nicaragua confirmaron en la mañana de este miércoles 23 de agosto que el gobierno de Daniel Ortega ordenó la cancelación de la personería jurídica en el país de la orden religiosa Compañía de Jesús.
En la gaceta oficial del Ministerio de Gobernación se establece que de acuerdo al decreto ministerial No.105-2023, firmado por la Ministra Amelia Coronel Kinloch, los Jesuitas en Nicaragua no reportaron sus estados financieros en los períodos fiscales 2020, 2021 y 2022 con desgloses detallados de ingresos y egresos.
Por otro lado, el gobierno alega que la Compañía de Jesús en Nicaragua tenía su junta directiva vencida desde el 27 de abril de 2020 y que supuestamente no promueven una política de rendición de cuentas y transparencia en sus ejercicios financieros, según publica el portal fuentesconfibales.
Esta última medida implica que todos los bienes físicos y económicos que eran propiedad de los jesuitas en este país centroamericano pasan a manos de la administración de Daniel Ortega. La Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua estaba vigente desde 1995, mediante decreto presidencial
Por lo pronto, la confiscación de los bienes físicos y económicos de los jesuitas en Nicaragua tiene directas implicaciones en las residencias comunitarias donde viven en varias regiones de Nicaragua.
También, los estudiantes de la antigua Universidad Centroamericana padecen estos atropellos porque ahora no pueden matricularse en otras universidades privadas bajo diferentes excusas.
Según publica el portal Divergentes, la matrícula de cientos de estudiantes recién inscritos en la Universidad Americana (UAM) fue anulada el pasado martes, luego que las autoridades académicas argumentaran que no podían estudiar en la institución por no portar sus certificados de notas oficiales, a pesar que la universidad había acordado recibir dichos documentos en un período de seis meses.
Se espera un pronunciamiento de las autoridades de la Compañía de Jesús ante esta nueva arremetida en contra de la Iglesia católica y la sociedad civil nicaragüense.
Previamente, el gobierno de la dupla Ortega-Murillo había ordenado la confiscación de la Universidad Centroamericana y este sábado 19 de agosto una comisión policial y judicial desalojó a los jesuitas que vivían en la residencia Villa El Carmen, contigua a la UCA, argumentando que también era propiedad del recinto universitario.
Estas actuaciones del gobierno nicaragüense son rechazadas desde diferentes instancias internacionales. Este martes 22 de agosto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile publicó un comunicado en el cual rechazan el despojo de la UCA a los jesuitas.
Igualmente, la Red Jesuita con Migrantes publicó un comunicado en el cual advierten que “El cierre de la UCA, un paso más contra la propia Nicaragua”.
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