La abogada Suzany González es la directora del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos. Es una ong que funciona en Venezuela y vela por una vida digna de las mujeres
En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias disertaba sobre los efectos colaterales que en este ámbito está dejando la pandemia del COVID-19 especialmente en niños, niñas y mujeres.
Uno de los primeros impactos registrados es que dada la medida del confinamiento en el hogar la violencia que ocurre en el espacio doméstico se exacerba a través de diferentes manifestaciones.
Se constata la violencia de género contra la mujer ya que la mayoría de ellas están confinadas en el mismo espacio donde está su potencial agresor.
Este riesgo se incrementa con las dificultades de movilidad, de poder salir a pedir auxilio, de poder dirigirse a una órgano receptor de denuncias.
Una de las violencias más graves que sufren las mujeres es la sexual. Para González Zambrano afirma que esta clase de violencia ha venido aumentando con índices alarmantes en este contexto de pandemia y cuarentena.
Esta situación termina complicando el ejercicio por parte de las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos. A lo que se suman los inconvenientes para acceder a los métodos anticonceptivos y a la información necesaria.
En América Latina el Fondo de las Naciones Unidas para la Población estima que de continuar la cuarentena por 3 meses más se pudieran registrar más de 40 millones de embarazos no planificados.
Este fenómeno sería un efecto gravísimo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres latinoamericanos.
Otra de las gravedades que reseña la activista es la violencia sexual infantil. Es aquella que atenta contra la integridad de niñas, niños y adolescentes por parte de adultos, que en la mayoría de los casos se trata de familiares cercanos.
Algo hay que hacer
Ante esto propone no solo al Estado sino a la sociedad entera contemplar acciones diferenciadas para contener estos llamados efectos colaterales por la cuarentena ante el COVID-19.
Plantea en este conjunto de propuestas atender también los derechos de las mujeres en materia socioeconómica y la carga excesiva de trabajo que supone ahora la de encargarse, casi que de manera exclusiva, de las tareas domésticas. A este paquete le agrega que «la mujer hoy en día también se ha convertido en maestra, en doctora, en enfermera».
Habla que estas tareas se le han triplicado a las mujeres porque se ha profundizado la desigualdad en la distribución de las tareas de la familia.
En este capítulo también influye que muchas madres solteras tienen que salir a la calle, aún en medio de estas restricciones de movilidad, porque viven de la economía informal.
Los métodos anticonceptivos si son necesarios
El CEDESEX ha estado realizando estudios sobre las posibilidades de acceso por parte de las mujeres a métodos anticonceptivos. Aunque todavía no han determinado las conclusiones de la consulta ya empiezan a visualizar que en la medida en que ha avanzado la cuarentena en Venezuela se han reducido los modos de acceso a estos métodos.
Señala que el cierre de algunas farmacias y centros de salud, las dificultades de movilización por las limitaciones de gasolina y de transporte público además de los costosos se han puesto estos insumos, componen un cuadro complejo para las mujeres que buscan proteger y preservar sus derechos sexuales y reproductivos.
Alerta sobre las ofertas engañosas que aparecen por las redes sociales de ventas de anticonceptivos. Llama a no adquirir estos insumos por esta vía «porque no ofrecen ni tienen ningún tipo de control sanitario ni una verificación previa si es el más adecuado para las mujeres».
Suzany González advierte que este es un tema estratégico para la correcta planificación familiar que se debe acometer en el país y poder desarrollar óptimos planes económicos, sociales, educativos y culturales.
Recomienda al Estado utilizar las herramientas tecnológicas de las cuales disponen y las visitas casa por casa para detectar posibles casos de COVID-19 también para diagnosticar si hay niveles de violencia intrafamiliar, sexual e infantil en cada una de las familias.
Aunque reconoce que en las instituciones públicas existen todavía conductas patriarcales que dificultan la recepción y procesamiento de denuncias de viplencia de género, anima a no dejar de hacer los planteamientos en los diferentes cuerpos policiales municipales, regionales y nacional; en las sedes del CICPC, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
