Laura Valbuena, coordinadora de la ONG Foro Penal en el estado Zulia, aseguró que la “Ley contra el Fascismo”, promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, representaría una violación flagrante al principio de legalidad, al ser un instrumento, según ella, sumamente disperso y poco definido en cuanto a los delitos descritos.
La abogada dijo durante una entrevista en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, que esta legislación viene siendo una continuación de la “Ley contra el Odio”, que faculta a los funcionarios públicos para aplicarla de forma “indiscriminada” y “subjetiva” contra cualquier forma de pensamiento.
En este sentido, resaltó que coarta el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos, por lo cual debe preocupar a toda la sociedad venezolana, ya que cualquier opinión que pueda ser considerada fascista o neofascista, expresada en redes sociales, aplicaciones de mensajería o cualquier otro medio de comunicación, puede ser objeto de persecución legal.
“Cualquier mensaje, dependiendo de la opinión o de la visión de la persona que lo lea, puede ser considerado fascista o neofascista. Básicamente, cualquier cosa que ustedes piensen, publiquen o vociferen puede incluirse dentro del ámbito de aplicación de esta ley”, alertó Valbuena.
¿Qué es la ley contra el fascismo?
La vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó el “proyecto de Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” en la Asamblea Nacional el pasado martes 2 de abril.
Allí explicó que se buscaba “establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascistas, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio”.
Rodríguez añadió que la ley prohibiría “la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia, sus instituciones y valores republicanos”.
Días después, dirigentes nacionales de Foro Penal alertaron de las fallas legales que tendría la Ley Contra el Fascismo, que consideran representa un “golpe a las garantías constitucionales”, a la libertad de expresión y de conciencia.
Para Foro Penal, el instrumento “no está redactado desde una perspectiva técnica legislativa correcta, sino desde la perspectiva de un ideólogo político”.
¿Ley ambigua?
Para Valbuena, la ley viola los pactos y tratados internacionales firmados por el Estado y que su discusión se está llevando a cabo de forma irregular, porque la Asamblea Nacional no ha publicado el texto de la legislación para someterla a consulta pública y a observaciones técnicas que permitan su modificación antes de ser aprobada.
Subrayó además que, al establecer un delito, la ley está en la obligación de explicar detalladamente la conducta que se considera punible, lo cual implica la inclusión de verbos rectores que describan las acciones constitutivas del delito, así como las circunstancias que puedan aplicarse para configurarlo, para de esta manera evitar ambigüedades.
Indicó que, aunque las penas en la “ley antifascista” no son tan severas como en la Ley contra el Odio, esta incluye penas accesorias significativas, como la inhabilitación política y la muerte jurídica de organizaciones y empresas, lo que implica la prohibición de ejercer funciones políticas y la imposición de multas de altas sumas.
“Criminalizar la forma de pensar”
“El Estado venezolano de unos años para acá parece estar buscando criminalizar la forma de pensar y tenemos que tener en cuenta que esto es un derecho humano. Todos tenemos libre pensamiento y no necesariamente porque tú des una opinión significa que estás cometiendo un delito”, enfatizó.
Según la coordinadora de Foro Penal en el Zulia, la Ley contra el Fascismo atenta principalmente contra el derecho a la libertad de expresión y el libre desenvolvimiento de la personalidad, los cuales son derechos humanos fundamentales. «Venezuela está en un momento en que su Estado de derecho es crítico», sostuvo.
Hizo un llamado a la claridad en la definición de los delitos contemplados en la ley, para evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar la protección de los derechos individuales.
Asimismo, pidió a la sociedad civil exigir que se revise artículo por artículo, hablar sobre este tema e incluso enviar correos electrónicos a la Asamblea Nacional.
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