Un grupo de líderes sociales detenidos en El Salvador han permanecido cinco meses privados de libertad. Familiares, amigos y organizaciones civiles protestaron en la cripta de la catedral metropolitana para exigir su liberación.
Estos líderes, detenidos el 5 de enero de 2023, estarían siendo víctima de maniobras legales no justificadas.
“Como hemos denunciado tantas veces, el proceso judicial contra nuestros compañeros ha plagado de abusos y violaciones al debido proceso”, denuncian los familiares.
También han asegurado que entre los abusos más comunes están las restricciones de vistas. “Lo más grave es que las autoridades judiciales y penitenciarias no permiten que familiares y abogados visiten a los detenidos”.
Este hecho es una grave violación a los derechos civiles y humanos de los detenidos.
Uno de los líderes está muy enfermo
Hay uno de los líderes que preocupa de manera muy especial a las familias y asociaciones, porque su condición de salud compromete su vida en la cárcel. Por si fuera poco, a pesar de esa condición de salud fue traslado a un centro de reclusión más severo en cuanto a dureza y tratamiento.
“Nos preocupa especialmente la situación de Saúl Agustín Rivas, quien a pesar de su delicada situación de salud fue traslado del centro penitenciario y hospitalario de Quezaltepeque al penal de ‘Salgó’, uno de los más peligrosos donde su seguridad y su vida corre peligro”, denunciaron.
¿Quiénes son?
Este grupo de ciudadanos eran los líderes más visibles de la oposición civil a un proyecto minero. Su aposición al proyecto está amparado en la Ley que prohíbe la minería metálica en dicho país, sostiene la sociedad civil.
El Gobierno de Bukele acusa a los detenidos por el homicidio de una mujer en 1989. El asesinato habría ocurrido en el contexto de la guerra civil salvadoreña que duró entre 1980-1992.
El abogado defensor de los cinco líderes, Denis Muñoz, solicitó el jueves 8 de junio que sus defendidos salgan de prisión y continúen el proceso penal que enfrentan en libertad.
Los líderes detenidos en El Salvador, habrían sido privados de libertad en el contexto de la Ley de excepción, un instrumento que ha sido utilizado por el Ejecutivo nacional con el argumento de la lucha frontal contra pandillas criminales.
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