A través de un comunicado, líderes de la oposición venezolana como María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela; Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y fundador de Alianza Bravo Pueblo; Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU; Humberto Calderón Berti, excanciller de la República; Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela; y Enrique Aristeguieta Gramcko, presidente de la Gran Alianza Nacional, exhortan al diputado Juan Guaidó a que presente públicamente cuentas de sus actividades.
La exigencia de estos dirigentes políticos se enmarcan dentro de la famosa figura de «gobierno interino» que aparentemente el parlamentario viene ejerciendo desde enero de 2019.
Consideran que guardar silencio ante ciertas acciones solo genera más desconfianza en los ciudadanos.
En concreto, solicitan del equipo de Guaidó, denominado centro de gobierno, a que «a rendir cuenta pública de sus actividades, en lo particular quienes dirigen e integran el centro de gobierno de cuyos procederes a nadie informa“.
Dicen estar obligados a «hacerle un igual y severo llamado de atención al gobierno colegiado interino, a fin de que respete y acate con celo las exigencias de la transparencia».
Desde ese tenor creen que muchas acciones llevadas a cabo por miembros del gobierno interino y de la Asamblea Nacional han resquebrajado la confianza pública.
“Siguen sin aclararse, entre otras, las acciones de Cúcuta de 23 febrero de 2019, el llamado disparatado a un alzamiento militar desde la autopista del este en Caracas, el 30 de abril de 2019; las actuaciones que condujeron a la operación Gedeón, al término secuestrada por el régimen usurpador; los certificados de buena conducta expedidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que sin recursos ni pericia los otorgan a criminales internacionales como Alex Saab y similares; las designaciones en Citgo y Monómeros, con base en cuotas partidistas; la operación de los Bonos 2020; el proyecto de ley para la recuperación de bienes de origen y destino ilícito, signado por la discrecionalidad y la opacidad”, destacaron en el documento que hicieron llegar a los medios de comunicación.
Por otro lado, cuestionan el papel jugado por de las delegaciones nombradas por el presidente de la AN en las mesas de diálogo con el gobierno.
Advierten que «en el pasado reciente nunca informaron sobre los criterios para elegir a sus representantes y negociar con la narcotiranía en Santo Domingo y luego en Oslo y Barbados. ¿Qué instrucciones les dieron? ¿Cuál ha sido la naturaleza y alcance de tales conversaciones y su acercamiento al régimen, especialmente en el tema electoral? Menos sabemos los venezolanos sobre cómo opera un gobierno parlamentario partidista, sin tradición constitucional, con su principal autoridad asilada en una embajada y bajo la posición de Encargado del gobierno central, figura inexistente en Venezuela”.
Continúan haciendo un llamado a la comunidad internacional para que se produzca alguna actuación de su parte y contribuir a solucionar el conflicto político y social en Venezuela.
