A juicio de la economista Liuba Malpica, el alto costo de los servicios públicos en Venezuela radica en que durante mucho tiempo se mantuvieron congelados, lo cual trajo como consecuencia el deterioro de la infraestructura al no poder cubrir los costos de mantenimiento.
“Esos ajustes debieron haberse hecho desde hace tiempo, en la medida en que los costos operativos fueron incrementándose en cada uno de estos prestadores de servicios. Por política del Estado estos ajustes se fueron congelando y trajo como consecuencia el deterioro de ellos”, explicó Malpica al programa Punto y Seguimos, de Radio Fe y Alegría Noticias.
Puso como ejemplo a la infraestructura que presta el servicio eléctrico, que por tradición ha sido administrada por el Estado y que al no recibir la inversión necesaria para darle continuidad, ahora se ven ajustes en función al dólar, tomando en consideración los niveles de inflación.
Un reportaje publicado por la agencia Reuters, recopiló varios testimonios de residentes y dueños de negocios, quienes denunciaron un aumento significativo en los costos de agua, gas y teléfono desde principios de 2023. Esto debido a la disminución de los ingresos del Gobierno en el sector energético del país.
En el estado Carabobo, por ejemplo, una persona puede pagar en promedio hasta 80 dólares en servicios básicos, lo que representa mucho más del sueldo mínimo que se mantiene desde el año 2022 en 130 bolívares al mes o lo que es igual a unos 5 dólares.
Criminalización de las empresas
Por otra parte, Malpica resaltó que uno de los principales problemas que ha tenido el país es el “acoso y criminalización a la empresa privada”, que ha tenido una repercusión en la calidad de vida de los venezolanos desde varios puntos de vista. De acuerdo con la economista, el hecho de que hayan menos empresas, trae como consecuencia que los pocos bienes y servicios que existen en el mercado comiencen a encarecerse.
“¿Qué pasa entonces con nosotros los ciudadanos? Al haber menos accesibilidad a las empresas eso tiene una repercusión en los niveles de ingreso, porque estas empresas que están presentando estas dificultades en su proceso productivo no pueden incrementar los salarios al nivel que ellos quisieran, porque eso es un proceso interno donde se evalúa hasta qué punto ellos pueden aumentar los salarios”, afirmó.
Indicó que algunas empresas tuvieron que generar mejoras salariales vía bonos para que el personal clave no se fuera “porque eso representaría un retroceso aún mayor para la compañía”.
Para Malpica, lo primero que debe hacer el Estado es respetar los derechos de propiedad.
“En la medida que se llevaron a cabo los procesos expropiación, se generó esta especie de desincentivo en cuanto a las inversiones y ese es el precio alto que estamos pagando en estos momentos”, expresó.
También recomendó implementar un sistema de impuestos “ajustado a la lógica”, porque observa que existe una recarga de estos a las empresas, que se termina trasladando al precio del producto final que pagarán los consumidores.
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