Los 29 no pueden ser deportados, por ahora

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El caso de los 29 ciudadanos venezolanos que, tras una travesía por el mar Caribe, retornaron a Trinidad y Tobago este martes 24, adquiere un nuevo capítulo.

La jueza del del Tribunal Superior de la isla, Avason Quinlan-Williams, admitió una medida cautelar y un hábeas corpus por parte del grupo de abogados que ha asumido la defensa de los migrantes, entre ellos los 16 menores de edad.

El dictamen de Quinlan-Williams se produjo este miércoles 25 en una audiencia demandada por los abogados, con el objetivo de proteger a los venezolanos y evitar que sean deportados nuevamente, por los momentos.

Los defensores alegan, sobre la base de un certificado de urgencia, que el Estado ha “demostrado la intención de buscar eludir la jurisdicción de la corte”. Por esta razón, también solicitaron una orden judicial para impedir la expulsión de Trinidad y Tobago.

El petitorio tuvo un primer resultado cuando la titular del Tribunal Superior ordenó que los 29 ciudadanos fuesen trasladados a la instalación de cuarentena del Estado en el helipuerto de Chaguaramas. Allí estarán bajo supervisión del médico jefe durante los próximos 14 días mientras se decide su situación legal.

En esta primera audiencia intervinieron los representantes legales de los menores de edad, los abogados de los adultos y representantes del Estado trinitense.

Activistas de derechos humanos y medios de comunicación de Venezuela denunciaron este miércoles que los migrantes estaban recluidos dentro de estación policial del puerto de Los Cedros en condiciones infrahumanas, hacinados en pequeñas celdas, sin agua y sin comida.

Este miércoles el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, a través de Twitter, denunció que la isla se vio sometida a un «asalto» por parte del grupo de venezolanos que regresaron este martes luego de permanecer 48 horas en la localidad de La Barra, en el estado venezolano de Delta Amacuro.

ONU insta a proteger los derechos de los migrantes

Por su parte, la ONU mostró su preocupación por esta nuevas amenazas de Trinidad y Tobago y señaló que los niños nunca deben ser deportados por la fuerza debido a su situación migratoria o la de sus padres.

Asimismo, instó a los gobiernos a suspender todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19 para salvaguardar la salud de los migrantes.

“Con respecto a los niños refugiados y migrantes, los Estados tienen un deber especial de cuidado: el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que los afectan”, se cita en un comunicado del organismo.

Con información de Trinidad y Tobago Newsday