Luisa Pernalete: «esa oficina debe estar para la Cota 905, el Tren de Aragua y los sindicatos mineros»

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«Las organizaciones no gubernamentales se dedican a causas del bien común, a la defensa de los derechos humanos, a mitigar las consecuencias de esta crisis humanitaria compleja. Hacen muchas cosas buenas por los demás y cómo es posible que las obliguen a registrarse ante la Oficina de Delincuencia Organizada y de Promoción al Terrorismo».

Con esta elocuencia inició la profesora Luisa Pernalete su diálogo con Radio Fe y Alegría Noticias a propósito de uno de los temas en boga últimamente en Venezuela: la reciente providencia administrativa que ha impuesto el gobierno para que todas las ONG se registren.

Puso como ejemplo el trabajo de organizaciones como Convite, que atiende a las personas de la tercera edad, y otras «que entregan medicinas, las que atienden hospitales. Ahí está Alimenta Solidaridad que tiene un montón de comedores populares para ayudar a niños que tienen desnutrición leve o en riesgo, o la misma Cáritas que se dedica también a atender el tema de la desnutrición con ollas solidarias».

Para la también maestra del Movimiento de Educación Popular Fe y Alegría en Venezuela, hay organizaciones que tienen más de tres décadas de creadas «y en los últimos años han surgido muchas que se dedican a defender los derechos de los ciudadanos y además eso está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

Por lo expuesto le parece inverosímil que obliguen a este tipo de organizaciones a registrarse en instancias como la mencionada.

«Esa oficina debe estar para la Cota 905, el Tren de Aragua, para las bandas que están alrededor de los penales, para «los sindicatos» en los pueblos mineros, ahí está la delincuencia organizada», apuntó.

Por otro lado, dijo sentirse preocupada «porque además se les obliga entregar la lista de beneficiarios, dígame una organización de derechos humanos que está registrando una denuncia de alguien que ha sido detenido arbitrariamente o que fue vejado o que fue torturado; no se puede entregar ese tipo de información».

La reconocida educadora coordina también el trabajo del proyecto Madres Promotoras de Paz de Fe y Alegría a nivel nacional. En su análisis alertó que si esta providencia administrativa, que es de rango menor, «pasa a ley entonces, no hay escapatoria. Por eso Amnistía Internacional emitió una especie de urgencia para que deroguen esa providencia».

Sin pelos en la lengua manifestó que las ONG están amenazadas «y los primeros afectados serán todos los beneficiarios. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se promulgan a lo loco y que van en detrimento de la población».

Aclaró que todas las organizaciones no gubernamentales son monitoreadas, es decir, «uno no puede actuar haciendo lo que me dé la gana, tenemos que rendir cuentas a nuestros donantes. También estas organizaciones están registradas en el Registro Civil y siempre lo hemos hecho así».

Pernalete destacó que este tipo de normativa es inconstitucional «porque atenta contra el derecho a la libre asociación, que en este caso es para hacer cosas nuevas».

No dejó de reconocer que tal vez en estas circunstancias de la pandemia por el nuevo Coronavirus alguien se haya aprovechado para registrar ONG de «maletín». En ese caso, argumentó que «chequeen esas pero a las demás, que están visiblemente actuando, déjenlas trabajar. No son clandestinas, su trabajo es abierto para que la población se beneficie».