Para Margarita Núñez, coordinadora del programa de flujos migratorios de la Universidad Iberoamericana de México, el accidente del trailer en el cual perdieron la vida 55 migrantes este viernes 10 de diciembre en Chiapas tiene varias implicaciones que comprometen principalmente a las autoridades estatales en cuanto al manejo de políticas migratorias.
En conversación con Radio Íbero de México señaló que «todos los días tenemos noticias en nuestro país de personas migrantes que son secuestradas, que desaparecen, y también tenemos noticias de trailer y habíamos (sic) tenido suerte de no ver un accidente de esta magnitud cuando se obliga a las personas a viajar en estas condiciones».
La investigadora reveló que en los últimos años en México se ha venido dando «un endurecimiento de las políticas migratorias, a grandes rasgos estamos viendo un cierre de fronteras, por ejemplo en el caso con Estados Unidos hay un cierre total desde marzo de 2020, y obliga a las personas a solicitar un proceso de asilo para migrar de manera regular».
También cuestionó la militarización de las frontera de la zona norte y sur del país azteca, además de las rutas migratorias, de los centros de detención migratoria, «incluso el instituto de migración y esto conlleva a tratar a las personas no adecuadamente y que no consideran que son familias, mujeres y niños que solo están buscando una oportunidad de vida y se les ve como enemigos, criminales, y eso derive en tratos crueles e inhumanos».
Junto a estas restricciones y discriminaciones contra los migrantes en México, Núñez igualmente confirmó la negativa por parte del Instituto Nacional de Migración «hacia los procesos de solicitud de refugio y regularización migratoria en México».
Una realidad que constituye una situación muy complicada para los migrantes «porque cada vez se les reduce su derecho a solicitar refugio, asilo, algún tipo de regularización migratoria y por lo tanto viajar de manera tranquila, visible a través del país y a movilizarse en condiciones mínimas de seguridad física».
En este sentido, una de las consecuencias que se generan con estas políticas restrictivas es que los migrantes busquen otras formas ilegales para movilizarse «porque no les queda de otra, no pueden regresar a su país de origen, son migraciones forzadas, y ante la imposibilidad de contar con documentos y condiciones de seguridad, recurren a la red de tráfico de personas que durante muchos años, y lo hemos documentado, trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Migración».
Lo más lamentable, acota la académica, es que si una persona migrante, proveniente de algún país centroamericano, intenta formalizar su condición «lo que se va encontrar es con un muro militar y burocrático, les van a dar una cita para que se presenten dentro de 3, 4 o 5 meses para iniciar el proceso y mientras no les entregan ningún documento que les indique que andan en ese trámite legal».
Como resultado, los migrantes que permanecen en esta condición irregular siguen sin contar en México con posibilidades de trabajar, de obtener una vivienda, de mejorar sus ingresos, de poder estudiar, «y lo que es lo peor de todos es que para quienes inicien el procedimiento eso les va a durar por lo menos un año, con una probabilidad de un 50% para que le aprueben la condición de refugiado y otro 50% que no».
