Minería ilegal se extendió a los Parques Nacionales

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En la sesión virtual correspondiente a este martes 07 de julio, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo para declarar en “estado de gravísima emergencia” al Parque Nacional Canaima debido al grave daño que ha sufrido producto de la minería ilegal.

Al respecto, la diputada María Gabriela Hernádez, quien encabezó la propuesta del acuerdo, conversó con Radio Fe y Alegría Noticias y explicó que los antecedentes de esta situación se remontan a la crisis humanitaria compleja “que vivimos en Venezuela desde hace ya varios años y que se viene desarrollando por un sistema perverso que ha atentado contra la vida y las libertades de los venezolanos”.

Puntualmente se refirió a la creación del Arco Minero del Orinoco “que es la afectación de los recursos naturales del país picados en 111 kilómetros cuadrados”.

La actividad minera ilegal que se desarrolla en la zona cubre toda la extensión del parque que tiene parte de la Amazonía, además de las cuentas hidrográficas que suministran el 70% de la energía eléctrica que consume el país, de acuerdo con Hernández.

Acusó a los permisos que ha dado el Ministerio de Aguas para “dragar ríos, explorar y explotar tanto oro como diamantes en esas zonas tan delicadas”, situación que hoy también se presenta dentro del Parque Nacional Canaima, un área protegida conformada por 3 millones de hectáreas conformadas por la Gran Sabana, el sistema de Tepuyes, el Salto Ángel entre otros.

Hernández además destacó que esto además afecta a la rica biodiversidad que caracteriza a Venezuela y por la que ocupa el séptimo lugar en el mundo dentro de este renglón.

La minería ilegal igualmente estaría acabando con el habitad de los pueblos pemones y con el nacimiento de la cuenta del río Caroní, que alimenta a la represa del Guri.

“Es por eso que ayer introdujimos este acuerdo para declararlo en peligro”, apuntó.

El periodismo como soporte del caso

María Gabriela Hernández, quien es presidenta de la comisión de Ambiente de la Asamblea nacional, indicó que los soportes de esta denuncia vienen de un trabajo periodístico llevado a cabo en la zona durante 7 meses.

Refirió que el mismo estuvo coordinado por la periodista María de los Ángeles Ramírez junto al Centro Pulitzer, el Correo del Caroní, el portal Prodavinci e InfoAmazonía.

En esta investigación, destacó, “se da cuenta del número de minas, su ubicación, qué sucede allí y el impacto que ha tenido sobre las comunidades pemonas”.

Igualmente se basaron en trabajos que ha hecho la organización Provea sobre cómo se ve afectado hoy día el pueblo pemón, y SOS Orinoco que monitorea los mapas de toda el área afectada.

Próximos pasos

Luego de que la Asamblea nacional declarara la emergencia “gravísima” en el Parque Nacional Canaima, el siguiente paso a seguir es emitir una comunicación a naciones unidas sobre dicho acuerdo.

Posterior a eso, deben comunicarse con la Unesco por ser el ente que propulsó y declaró a Canaima como Patrimonio natural de la Humanidad en 1994 “para que nos ayude con sus experticias a intervenir el Parque y sacar la actividad extractiva”.

Ellos esperan recibir el apoyo, tanto en recursos como en conocimientos, para estudiar el área, comprobar los daños y actuar en pro de sanearlo.

“Otra opción que tenemos desde la Asamblea es hacer los trámites ante el proceso de certificación Kimberley, que es la certificación de diamantes en el mundo, para que saquen a Venezuela de esa categoría. De ese modo, los diamantes que se extraigan de todas esas zonas, incluyendo nuestros parques, no estarán en un mercado legan en el mundo y eso dificultaría su comercio, por lo tanto, desmotiva a que se haga ese tipo de minería en nuestro país”, explicó.

El proceso de Kimberley es un sistema de certificaciones propuesto en el año 2000 para evitar que los diamantes extraídos en zonas de guerra o usados para financiar guerras, entren al mercado legal. Se preparó con la intención de además garantizar que los compradores no pagaban por abusos de los derechos humanos.

La diputada Hernández guarda la esperanza, tanto en los venezolanos como en la Unesco, “a que amparados en que este territorio es patrimonio de la humanidad, podamos hacer causa común para recuperar el Parque, extraer la minería y hacer toda la inversión necesaria tanto técnica como financiera para nosotros recuperar las áreas”.