La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía hizo entrega de más de 100 kits de higiene personal a mujeres en condición de movilidad pendular del estado Bolívar.
La Comisión hizo entrega de 109 kits de dignidad a mujeres en edad reproductiva y en condición de movilidad pendular.
Los kits son un donativo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y están dotados de productos de higiene personal para mujeres que se desplazan frecuentemente hacia el sur de Bolívar con la esperanza de mejorar su calidad de vida.
Pero esta mejoría no ocurre ya que sus derechos humanos son vulnerados.
Sobrevivir en penurias
En la comunidad de Brisas del Sur, las mujeres entienden que para sobrevivir a la crisis económica de Venezuela deben llevar a cabo tareas que las ponen en peligro.
Muchas de ellas recurren a trabajar en comunidades mineras del sur como vendedoras ambulantes de dulces, comidas, y víveres; otras son cocineras en minas cercanas a Tumeremo y corren el riesgo de ser víctimas de daño colateral de grupos de delincuencia organizada.
La comisión llevó a cabo microcharlas en la comunidad para prevenir que niñas, adolescentes y mujeres sean víctimas de violencia sexual durante estos recorridos. Los contenidos además tenían como objetivo darles herramientas preventivas sobre violencia contra la mujer e incluso, trata de personas.
Dignidad y derechos humanos
Los Kits de Dignidad donados por el Fondo de las Naciones Unidas les proporcionaron artículos como jabón, detergente, condones, toallas sanitarias, ropa interior, material educativo sobre la prevención de la violencia sexual y violencia durante el noviazgo, una linterna y un morral. Otra entrega de 68 kits se realizó el pasado 25 de junio en la misma comunidad.
Entre las dinámicas que la Comisión llevó a cabo durante la entrega del donativo, se les preguntó a las mujeres cuáles eran los principales problemas de su comunidad. En materia de derechos humanos, alertaron que existe miedo hacia los funcionarios del Estado porque se sienten “amedrentadas” por estos y aprovecharon para afirmar su preocupación por la falta de educación sexual y reproductiva en niñas y adolescentes.
El informe anual de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía sobre el monitoreo de violencia armada con enfoque de género, entre abril de 2018 y abril de 2019, arrojó 237 víctimas de violencia contra la mujer en los estados Bolívar y Monagas.
En este número también se cuentan casos de violencia sexual, amenazas, femicidios activos y pasivos, y femicidios en grado en frustración.
El artículo 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia consagra algunas de las responsabilidades del Estado para la protección de niñas, adolescentes y mujeres:
“Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de protección, de apoyo y acogida y de recuperación integral (…) La atención que presten dichos servicios deberá ser: permanente, urgente, especializada y multidisciplinaria profesionalmente y los mismos serán financiados por el Estado”.
Vulneradas
Pero cada vez son más las mujeres que viven en condiciones precarias en Bolívar y que recurren a viajar hasta el sur, desprotegidas ante la violencia armada, abusos físicos y sexuales; riesgos que deben tomar para llevar dinero y comida a sus hogares.
La coordinadora general de la Comisión, Mairis Balza, explicó que “muchas de las mujeres no tenían percepción del riesgo al que están sometidas cuando van y vienen a las minas. En las minas no hay un tratamiento diferenciado hacia las mujeres (…) no tienen baño privado, tienen que hacer sus necesidades en el monte. Las que trabajan en las minas están sometidas a las mismas condiciones que los hombres.”
Este kit, como asegura Balza, en sí mismo es una ayuda para las mujeres pero “no significa el fin último de la actividad. Lo principal es la sensibilización: deben tener precaución con algunas situaciones en particular, hacerles ver los tipos de violencia o las situaciones de acoso o abuso sexual, a las que pudieran estar sometidas”.
Prensa Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía