Nieto Palma: «el hecho de que los liberen no significa que tengan sentencia»

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Excarcelados del Retén de Cabimas
Foto: El Nacional

Carlos Nieto Palma, director de la ONG en materia penitenciaria Una Ventana a La Libertad, explicó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que a pesar de la puesta en funcionamiento la comisión de la revolución judicial, aún existe un 70% de la población penitenciaria con retardo procesal.

El activista detalló que la finalidad principal de esta comisión, que presiden a nivel nacional los diputados Diosdado Cabello y Cilia Flores, es «eliminar el retardo procesal y deshacinar los centros de detención preventiva que son espacios donde los reclusos deberían estar en un lapso no mayor de 48 horas y que lamentablemente en Venezuela se han convertido en cárceles permanentes».

Sin embargo, Nieto recalcó que el hecho de aplicar este procedimiento no significa que los liberados «tengan una sentencia definitivamente firme, por lo tanto no saben si son culpables o inocentes».

Precisó que este proceso ya cumple 90 días de desarrollo y ciertamente se ha procedido a la liberación masiva de privados de libertad de centros de detención en todo el país «pero vemos que es un proceso desorganizado, no hay criterios definidos de quiénes son las personas que deben salir en libertad y quiénes no».

Las puestas en libertad colectivas más recientes, y cuyas imágenes han impactado a la opinión pública, son las del Retén del Marite, en Maracaibo, y el de Cabimas, ambos ubicados en el estado Zulia.

Mosca con la estigmatización

Cuestión que contradice a lo establecido en la constitución nacional «que dice que los procesos tienen que ser hechos en libertad». En este sentido, opinó que si bien «este es un derecho que tiene la población reclusa, y causa impacto que en un día liberen a 259 reclusos del retén de Cabimas, y se espera que liberen a 100 más, sigue siendo un trabajo pendiente de esta comisión ponerse al día con el retardo procesal que lleva muchos años en Venezuela».

El directivo de UVL si alertó sobre el proceso de estigmatización que pesará sobre la mayoría de los liberados mediante estos procedimientos. «La gente ve que quien está saliendo es un delincuente, un ladrón, un asesino, un violador».

Por esta razón, considera que el Estado debe cumplir con preceptos constitucionales como «la asistencia post penitenciaria para estos reclusos como conseguir un trabajo y otros beneficios que se pueden otorgar luego de haber pasado toda una vida de meses, años dentro de una cárcel. Es volverse a acostumbrar de estar en libertad y hay que recordar que a muchos de ellos sus familiares los han abandonado».

En este caso insiste en la responsabilidad que tienen las instituciones nacionales «en evitar que estos ciudadanos que salen nuevamente a la vida en libertad vuelvan a delinquir».

Fue lacónico cuando manifestó que «el problema se presenta que cuando se sale de la cárcel y no tienes ninguna opción de trabajo, de generar ingresos, y sales de un recinto que ha podido ser un centro de reeducación para los privados de libertad, y más bien son universidades del delito, es probable que vuelva a delinquir».

No se atrevió a ofrecer una cifra de personas liberadas con este mecanismo en los casi 90 días que lleva trabajando la comisión de reforma judicial.

Por lo pronto, desde UVL trabajan en una data que les permita precisar esta cantidad. No obstante, cree que ha sido liberada alrededor del 20% de la población penitenciaria.