El nuevo informe que sobre Venezuela presentó este jueves 1 de julio la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ratifica que en el país se mantiene el patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad.
El monitoreo se realizó desde junio de 2020 hasta el 30 de abril de este año. Si bien destaca en el capítulo referido al derecho a la vida que se constata una disminución de casos en comparación con el período anterior, también comprueba el sostenimiento de esta práctica en los llamados operativos de seguridad ciudadana.
El informe resalta, tal cual como lo han venido apuntando diferentes ONG de derechos humanos en el país a lo largo de este año, que ha descendido el número de ejecuciones atribuibles a las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, pero en su defecto se ha producido un incremento en las actuaciones y consecuentes muertes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional Bolivariana y algunas policías estadales y municipales.
En este apartado hace mención especial al operativo policial con más de 600 funcionarios efectuado en la parroquia La Vega, municipio Libertador de Caracas, el 8 y 9 de enero de 2021 en donde, según sus cifras, fueron asesinadas 14 personas, todos hombres y entre los cuales había dos adolescentes.
Según este monitoreo la mayoría de este tipo de casos fue documentada en los estados Zulia, Miranda, Distrito Capital, Monagas y La Guaira.
Reseña especial hacen del conflicto armado registrado desde el 21 de marzo en la población de La Victoria, municipio Páez, en la frontera del estado Apure, entre fuerzas militares venezolanas y grupos de irregulares, destacando el asesinato de 5 personas, 4 miembros de una misma familia, hecho atribuible a las FAES.
«Fuentes afirmaron que los fallecidos no estaban vinculados a los grupos armados y que la escena del crimen había sido manipulada», se lee en el informe.
El Alto Comisionado finaliza este capítulo con la siguiente indicación: «Estos patrones subrayan la necesidad de una reforma integral de las políticas e instituciones de seguridad del Estado para evitar más violaciones de los derechos a la vida y a la integridad de la persona.
El 13 de abril de 2021, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó la reforma de la Policía Nacional Bolivariana en un plazo de seis meses, creó una comisión especial para este fin y designó los derechos humanos como principio rector de la reforma.
La reforma representa una oportunidad para implementar acciones previamente recomendadas, tales como el restablecimiento del carácter civil de las fuerzas policiales, la investigación de antecedentes de las personas que conforman las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de la supervisión y la rendición de cuentas. El ACNUDH continúa disponible para proporcionar asistencia técnica y alienta un proceso inclusivo».
https://undocs.org/es/A/HRC/47/55
