Omar Vázquez Heredia, integrante del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, afirmó que el doble terremoto del 24 de junio evidenció el alto nivel de vulnerabilidad de Venezuela frente a eventos naturales extremos y sostuvo que la respuesta institucional reflejó deficiencias en la capacidad del Estado para atender una emergencia de esta magnitud.
Durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, Vázquez aseguró que la respuesta de los organismos de protección civil fue “ineficiente”.
Señaló que la vulnerabilidad no depende únicamente de la ocurrencia de un fenómeno natural, sino también de la capacidad institucional y social para responder a sus consecuencias.
A su juicio, depender del apoyo de rescatistas extranjeros evidenció la falta de recursos y el desfinanciamiento de organismos como bomberos y protección civil.
Fortalecer la gestión del riesgo y la planificación territorial
Vázquez explicó que el país debe avanzar hacia un sistema nacional de gestión del riesgo que permita prepararse antes de que ocurran este tipo de eventos y no limitarse únicamente a responder cuando ya se produce el desastre.
En ese sentido, propuso crear un Observatorio Nacional de Eventos Naturales y Climáticos Extremos, desarrollar políticas de adaptación, mitigación y resiliencia, y fortalecer la planificación territorial.
Insistió en que los distintos niveles del Estado tienen la obligación de elaborar planes de ordenación territorial con participación ciudadana para definir adecuadamente el uso de los terrenos.
Asimismo, consideró necesario diferenciar entre la exposición a amenazas naturales y la vulnerabilidad de la población, al señalar que esta última puede reducirse mediante políticas públicas, inversiones y una mejor capacidad de respuesta.
Revisar responsabilidades y garantizar transparencia
El investigador sostuvo que el nivel de daños aumenta cuando no se cumplen las normas de construcción antisísmica o se autorizan edificaciones en terrenos que no reúnen las condiciones adecuadas.
En ese sentido, hizo énfasis en que corresponde revisar la actuación tanto de las autoridades responsables de otorgar permisos de construcción como de las empresas constructoras para determinar si cumplieron la normativa vigente.
Además, sugirió que, una vez superada la fase más crítica de la emergencia, se impulse una comisión de la verdad y la justicia.
Pidió que la información recopilada por el Estado sirva para identificar integralmente a las personas afectadas y reiteró la importancia de que organizaciones de derechos humanos, la ciudadanía y otros actores exijan transparencia durante el proceso de recuperación.
Añadió que la emergencia provocó afectaciones a derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, la salud, la vivienda, la seguridad, el acceso a la electricidad, al agua potable y a la movilidad.
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