Tanto el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son responsables de graves violaciones a los derechos humanos según un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Dicho equipo de la ONU, creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, concluyó que estas violaciones se equiparan a crímenes de lesa humanidad que cubren un espectro muy amplio de abusos.
Los expertos de la ONU en materia de derechos humanos presentaron un primer informe este 2 de marzo en Ginebra según reseñó la agencia EFE.
Entre los presuntos crímenes se encuentran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos, expresarse, reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
Las prácticas de Ortega y Murillo
A todos esos crímenes se suma la negación del derecho a la nacionalidad y al de permanecer en el propio país.
La agencia EFE refiere que el gobierno de Nicaragua retiró recientemente y de forma arbitraria la nacionalidad a 316 personas a las que ha acusado de traición a la patria. De éstas, a 222 las expulsaron del país.
Asimismo, el grupo de expertos confirmó que para perpetrar la multitud de crímenes de los últimos cinco años contra la población “una variedad de actores e instituciones” siguieron las órdenes emanadas de la Presidencia y de la Vicepresidencia.
Entre los casos más sonados en los últimos tiempos, destaca la persecución contra la iglesia católica y sus integrantes.
Uno de los casos más sonados es el del obispo nicaragüense Rolando José Álvarez Lagos, quien se negó el pasado 9 de febrero al destierro en Estados Unidos. Por esta razón lo condenaron a 26 años y 4 meses de prisión.
El obispo Álvarez Lagos está acusado de “traidor a la patria” y de otros cuatro delitos en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua.
Las recomendaciones
Entre las recomendaciones del grupo de expertos al país resaltan la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa entre otras modalidades de persecución política.
Asimismo, investigar de forma independiente y exhaustiva los abusos y violaciones para que haya rendición de cuentas.
Garantizar la reparación y no repetición; defender el derecho de las víctimas a saber la verdad; e implementar medidas legislativas y de política pública para garantizar los principios democráticos y la separación de poderes.
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