Unas 24 organizaciones migrantes, pro migrantes y de la sociedad civil de Chile rechazaron los hechos de violencia y llamaron al gobierno asumir su responsabilidad para enfrentar la migración.
El pasado sábado 25 de septiembre, decenas de personas en su mayoría venezolanos fueron desalojados de forma violenta de la ex plaza Brasil de Iquique.
Las sociedades chilenas condenaron la violencia de la marcha ocurrida el sábado como respuesta a una problema humanitario que viven cientos de familias migrantes.
En el comunicado que encabeza el Servicio Jesuita a Migrantes, aseguraron ser testigos de golpes a menores de edad y mujeres embarazadas.
Afirman que tampoco hubo posibilidad que albergara a los desalojados y agredidos en un llamado a respetar la integridad y dignidad de todas las personas.
Pidieron al Gobierno establecer una política responsable y con enfoque de Derechos Humanos, para no seguir complejizando la convivencia entre las comunidades locales y migrantes.
“Nadie quiere que se perpetúe un círculo de irregularidad, exclusión e incluso violencia frente a las personas migrantes”, dice la declaración.
Solución a la crisis
Las organizaciones hicieron hincapié en que las expulsiones de migrantes impulsadas por el gobierno «han contribuido a generar un clima de odio, de criminalización y estigmatización».
Dichos actos han exacerbado «la crisis de gobernabilidad migratoria que hoy enfrentamos” y manifiestan su rechazo a la continuidad de estas.
En el texto plantean que una solución real a la crisis es incluir desde el gobierno el acceso a albergues con condiciones sanitarias, salud y alimentos.
A su vez, proponen al ejecutivo escuchar la crisis urgentemente a las autoridades locales y convocar a mesas de trabajo para abordar las políticas migratorias.
Las sociedades creen que para lograr una migración más ordenada se deben coordinar acciones internacionales y del diálogo diplomático con otros países para abordar el fenómeno migratorio.
«De continuar con las actuales políticas migratorias se seguirán complejizando la convivencia entre las comunidades locales inmigrantes nadie quiere que se perpetúe un círculo de irregularidad exclusión e inclusión violencia frente a las personas migrantes», reseña el comunicado.
De manera urgente, llaman a “un cambio de timón en las políticas del gobierno que sea inclusivo, participativo, humanitario e internacional”, buscando generar un espacio de entendimiento y de diálogo que encauce el fenómeno migratorio.
La declaración fue firmada por:
• Servicio Jesuita a Migrantes
• Asociación Venezolana en Chile
• Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile
• Clínica Jurídica de Atención a Migrantes – Universidad Alberto Hurtado
• Asociación Intercultural Miranda
• Migración Diversa
• Pensivech
• Red de Periodistas Migrantes
• Clínica jurídica de Migrantes y Refugiados UDP
• Secretaría de Mujeres Inmigrantes
• Corporación Colectivo Sin Fronteras
• Coordinadora Feminista 8M – Santiago
• Coordinadora Feminista 8M – Valparaiso
• Comisión Chilena de Derechos Humanos
• Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO)
• Hogar de Cristo
• Observatorio de Derechos Humanos y naturaleza Valparaíso
• Defensoría Popular de las Comunidades
• Corporación de DDHH 4 de Agosto
• Fundación Emplea
• Fundación Súmate
• INFOCAP
• TECHO y Fundación Vivienda
• Red Clamor Capítulo Chile
