Organizaciones humanitarias de El Salvador exigen a la Fiscalía someter a una investigación a la directiva del Congreso.
Esta exigencia viene luego de que el Parlamento rechazara una petición formal por parte de familiares de personas detenidas en las cárceles de El Salvador.
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) y el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) son las organizaciones civiles que exigen la investigación.
Ambas argumentan que el parlamento “incumplió sus deberes y cometió actos arbitrarios” al no recibir el pedimento de los familiares de las “víctimas del régimen” de Nayib Bukele. Por tanto, consideran que la Fiscalía General de la República (FGR) debe someter al parlamento a una investigación penal.
La organizaciones también aseguraron que los firmantes del documento que querían entregar al parlamento son familiares de “víctimas de atropellos”.
De acuerdo con las organizaciones, tales atropellos ocurrieron en las visitas a las cárceles donde mantienen aislados a miles de presuntos delincuentes.
“Negaron ese derecho de petición al no recibir el escrito de las víctimas. ¿Hay un incumplimiento de deberes? Sí. La Constitución dice que todo funcionario debe recibir al ciudadano y debe recibir sus peticiones y darle respuesta, el no hacerlo constituye hechos delictivos”, apuntó Rudy Joya, jurista al servicio de Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC).
La denuncia es contra el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro; las vicepresidentas Suecy Callejas y Alexia Rivas; y la secretaria Marcela Rosales, todos del partido oficialista Nuevas Ideas (NI). Además, se pidió investigar a Reynaldo Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), y Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ambos aliados de NI.
¿Qué piden en el documento?
Según Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), el documento que el parlamento se negó a recibir contiene un pedido de derogación de cualquier normativa de centros penales que impida las visitas porque “es un derecho que tienen las familias”.
Datos publicados por las organizaciones de Derechos Humanos de El Salvador muestran que han procesado 6.400 denuncias de violaciones de Derechos Humanos. El registro corresponde al periodo que inició en marzo de 2022 hasta el primer semestre del año 2024.
Estas violaciones fueron ejecutadas a través de detenciones arbitrarias y torturas. También aseguran que más de 300 personas murieron estando en custodia estatal. La mayoría presentaron signos de violencia.
El 5 de noviembre, el Congreso de El Salvador de mayoría “bukelista”, aprobó la trigésima segunda ampliación del régimen de excepción. Esta medida suspendió las garantías constitucionales desde marzo de 2022.
Tal medida fue una respuesta del Ejecutivo Nacional después del asesinato de más de 80 personas en marzo del referido año 2022.
Aviso penal contra diputados por no escuchar y atender las demandas del pueblo
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) November 11, 2024
Acción tipificada como incumplimiento de deberes y actos arbitrarios pic.twitter.com/mRMCUrLpZS
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