El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y máximos representantes de la Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado de ese país sostuvieron una reunión este martes 9 de mayo luego de la polémica que se generó porque el primer mandatario afirmó que era el jefe del fiscal general.
A través de un comunicado, los magistrados afirmaron que en el encuentro con Petro coincidieron en la necesidad de mantener el “firme compromiso” de encauzar las diferencias a través de los mecanismos institucionales, “dentro del respeto irrestricto a la autonomía e independencia judicial”.
La reunión fue producto de una concertación de la Corte Suprema y del propio Petro, quien atendió el llamado que ese alto tribunal le hizo en un comunicado tras la polémica declaración.
“Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. La Corte Suprema hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos”, expresó el tribunal el pasado viernes.
El conflicto
Las declaraciones del mandatario las hizo el pasado 3 de mayo en su visita de Estado a España, en las que dijo que era “jefe” del fiscal Francisco Barbosa.
En concreto, Petro manifestó: “Yo soy el jefe de Estado, por tanto, el jefe de él”.
De inmediato, Barbosa respondió a través de una entrevista que concedió al medio colombiano Semana: “esa es una gravísima manifestación contra la independencia judicial en Colombia y la división de poderes. Estas declaraciones ponen en riesgo la existencia del Estado de derecho”.
En esa línea, los magistrados de la Corte Suprema expusieron que “el fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente”. Además, es “un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”.
“Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”, agregaron.
En otros apartados para responder a estas controversiales declaraciones, la Corte Suprema indicó que “desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”.
En este contexto, ese tribunal hizo un llamado a “la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos”.
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