Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la población Venezolana registra un alto índice de inseguridad alimentaria y desnutrición, causadas por los bajos salarios, el alto costo de los alimentos y la llegada de la COVID-19.
En el caso del estado Mérida se refleja un 76,7% de inseguridad alimentaria severa en su población, tras la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI).
Angélica Villamizar, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes (ULA), mencionó a Radio Fe y Alegría Noticia que los venezolanos han disminuido en cantidad y calidad el consumo de alimentos.
Esta situación se ve reflejada sobre todo en los sectores más populares, quienes esperan por lo menos 3 veces al año la llegada de una bolsa de alimentos subsidiados, los cuales no aportan una dieta balanceada pues sólo contienen carbohidratos.
“Desde hace tiempo en la mayoría de los hogares en Mérida así como en gran parte del país no se consumen las tres comidas diarias, esta situación ha tenido un efecto severo tanto mental y físico en la población”, aseguró Villamizar
Señaló que los más afectados ante esta realidad son los niños menores de 5 años, los adultos mayores y aquellas personas que padecen enfermedades crónicas, los cuales deben cumplir con una dieta balanceada para su salud.
“Las madres cada día pasan angustia de pensar en cómo alimentar a su núcleo familiar con lo poco que tienen en su despensa, el consumo de vitaminas y minerales son deficientes, lo que podría aumentar los riesgos de enfermedades futuras como diabetes, hipertensión, mal funcionamiento cerebral sobre todo en los niños, ya que la desnutrición puede causar efectos irreversibles en su salud”, indicó la investigadora.
Para paliar el hambre en Venezuela existen organizaciones internacionales que han venido haciendo aportes en comunidades más vulnerables, entre ellas el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Cáritas de Venezuela.
Se espera que para el año 2022-2023 el Programa Mundial de Alimentos por medio de una operación humanitaria cubra 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes de diversas escuelas de educación preescolar y especial a nivel nacional, como también se espera la rehabilitación de los comedores escolares.
En este sentido, instan a la sociedad civil a estar alerta y exigir información necesaria desde el momento que arribe la ayuda humanitaria al país, “como la cifra de niños atendidos, qué consumen, los criterios de distribución, entre otros datos amparados en el derecho constitucional que tiene toda persona de recibir información oportuna y verazmente”. Refirió.
