La Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, quien sufriera un golpe de estado este lunes 1 de febrero en Birmania, acaba de ser imputada de varios cargos penales por la policía de ese país y permanecerá detenida por lo menos dos semanas más.
La policía acusa a la también premio nóbel de la paz en 1991 de los presuntos delitos de importación ilegal al encontrar en su vivienda un equipo telefónico que no había sido autorizado por el gobierno ni por el Ejército de la nación asiática.
Por esta supuesta grave infracción Suu Kyi está a riesgo de sufrir una condena hasta por 3 años de cárcel.
También, el depuesto presidente U Win Myint, está acusado de quebrantar la ley de gestión de desastres naturales, entre los que se incluye la pandemia, al haber desplazado 220 vehículos para visitar algunas zonas junto a su esposa cuando la presencia de la COVID-19 prohibía la reunión de más de 30 personas.
Por otro lado, y a pesar de las fuertes restricciones de movilización, este martes por la noche se generó la primera protesta de ciudadanos en la ciudad de Rangun, arengados por la Consejera de Estado, quien pidió a la población no aceptar este golpe de estado.
Igualmente, los principales generales anunciaron el lunes que tomarían el poder por un año, acusando al gobierno de Suu Kyi de no investigar las acusaciones de fraude electoral de los militares en las elecciones recientes, y por tanto exigen que se revisen de nuevo esos resultados electorales.
Mientras tanto, las tensiones crecen en Birmania. Por ejemplo, los médicos han dicho que no trabajarán con el nuevo gobierno militar. En contrapartida los militares han amenazado con apresar los galenos.
El Consejo de Seguridad de la ONU convocó para este martes una sesión de emergencia para evaluar esta situación.
Con información de EFE y AP
