La Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela, Marta Valiñas, presentó su discurso este miércoles 23 de septiembre ante la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos.
En él, expuso que la única razón por la que no pudieron desarrollar su investigación dentro del país «fue porque el gobierno de Venezuela no lo quiso y no nos permitió hacerlo».
«He enviado seis comunicaciones al gobierno de Venezuela entre enero y septiemrbe de este año y no he recibido ninguna respuesta», agregó Valiñas.
En dichas comunicaciones no solo solicitaba visitar el país sino también sostener reuniones con las autoridades, dentro o fuera de él. Expresó que también solicitó datos oficiales sobre los casos que estaban investigando que «no recibí respuesta alguna».
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por este Consejo, tiene el honor de presentar a sus Excelencias las conclusiones de las investigaciones que llevó a cabo durante el último año.
De acuerdo con el mandato que nos fue encomendado por este Consejo el 27 de septiembre de 2019, hemos investigado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas.
Aún así, el informe presentado concluyó que «graves violaciones de los derechos humanos ocurrieron en Venezuela durante el período en el cual este Consejo nos encomendó investigar».
Dicho período de tiempo va desde las protestas de 2014 hasta el presente año.
Valiñas agregó que dichas violaciones fueron perpretadas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia tanto civiles como militares.
Dichas violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales cometidas en el marco de operaciones de seguridad, privaciones arbitrarias de la vida de manifestantes y detenciones arbitrarias.
Además, actos de tortura y otros tratos crueles, incluyendo actos de violencia sexual, en contra de personas que expresaban su desacuerdo con el Gobierno o que eran percibidas como opositoras al gobierno.
También encontraron desapariciones forzadas, destacando el caso de cinco hombres que siguen desaparecidos tras una operación militar en Barlovento.
Hay un patrón
En su discurso de este miércoles, Valiñas apuntó que el análisis de los 223 casos investigados los llevó a determinar que hay una línea de conducta generalizada y sistemática «y de conformidad con políticas de Estado, y que, por esa razón, constituyen crímenes de lesa humanidad».
«Autoridades de alto nivel de las fuerzas de seguridad del Estado y servicios de inteligencia, así como autoridades de alto nivel del Gobierno, que ejercen autoridad y control sobre esas fuerzas, adoptaron dichas políticas y contribuyeron a su implementación, lo cual resultó en la comisión de los crímenes documentados», señaló.
La presidenta de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela expresó que sus conclusiones determivaron que hay «motivos razonales para creer», que es más bajo del estándar necesario para condenar a una persona en un proceso penal.
«Por ende, le corresponde a las autoridades judiciales competentes determinar responsabilidades individuales de conformidad con la legislación penal pertinente», explicó.
Metodología rigorosa
Aseguró que para levantar el informe publicado el pasado 16 de septiembre adoptaron una metodología «rigorosa que incluye la recopilación de información directa de las víctimas y testigos, expedientes judiciales y otros documentos, material audiovisual debidamente analizado y verificado, e información proporcionada por integrantes de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia del Estado, así como por miembros de órganos judiciales».
Es la misma metodología que han usado, según indicó, otras misiones creadas por el Consejo de Derechos Humanos.
«Gracias a los avances tecnológicos, nuestro equipo, compuesto por profesionales altamente competentes y dedicados, hizo un trabajo excelente de recolección de dicha información, de forma segura y confidencial, incluyendo fuentes que se encuentran, en gran parte, aún dentro de Venezuela».
Recomendaciones
Marta Valiñas puntualizó en su discurso que las recomendaciones a las autoridades venezolanas son poner fin, de inmediato, «a las graves violaciones a los derechos humanos que hemos documentado, que investiguen y aseguren la rendición de cuentas de los responsables de dichas violaciones, y que garanticen la justicia para las victimas –incluyendo la reparación del daño sufrido-, su protección y acceso a la asistencia que necesitan».
«Lo digo claramente: una de estas recomendaciones es que el Estado venezolano coopere con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Así como con cualquier otro órgano establecido por este Consejo. No existe antagonismo, ni real ni supuesto, entre estas labores. Es imperativo investigar y juzgar los responsables de las violaciones cometidas, monitorear y prevenir que éstas se repitan, y sobretodo, brindar justicia a las victimas», expuso.
Valiñas finalizó su discurso apuntando «hemos actuado con total independencia e imparcialidad. Por ello, sostenemos todos los resultados de las investigaciones y las conclusiones formuladas en nuestro informe que hoy, respetuosamente, presentamos a sus Excelencias, en vista de un diálogo constructivo».
