Para el presidente de la ong Acción Solidaria, Feliciano Reyna, el acuerdo humanitario alcanzado entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó «es un reconocimiento del mandato y de los espacios de acción de cada uno».
De cara al parlamento Reyna admite que este ente, bajo el liderazgo de Guaidó, puede movilizar recursos en el exterior para invertirlos en el país «pero que necesitan su aprobación» legislativa.
Aplaude el paso que estos sectores políticos en pugna han dado para ponerse de acuerdo «en estos momentos de muchas necesidades de la población».
El activista de derechos humanos en el país revela que este primer convenio permitirá la consecución de otros sobre todo en materia de alimentación con el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones internacionales en los ámbitos de la llamada ayuda humanitaria.
Con respecto a este primer acuerdo para mantener las acciones preventivas y de control del COVID-19 en Venezuela, aclara que los fondos que las dos instancias firmantes vayan gestionando y disponiendo irán a la Organización Panamericana de la Salud para su administración y posterior rendición de cuentas.
«Esto hay que dejarlo muy claro…es la OPS la que comprará pruebas, equipos de protección para el personal de salud» y otros insumos.
A bailar pegao con la OPS
En concreto, la OPS actuaría coordinadamente con el equipo técnico de la comisión especial de salud de la AN que encabeza el doctor Julio Castro y que además la integran los diputados Miguel Pizarro, Manuela Bolívar, «que han trabajado fuertemente en la movilización de recursos y logísticas para los apoyos humanitarios».
Del lado del Ministerio de Salud están su titular Carlos Alvarado y también su equipo técnico y de especialistas. Para Reyna el trabajo de las 3 partes «al final redundará en beneficio de la población venezolana».
Reconoce que los primeros aportes que llegarán no serán lo suficientes «para los equipos de bioseguridad para el personal sanitario ya que hay que renovarlos constantemente», solo por mencionar uno de los aspectos contemplados en el convenio.
Sin embargo, considera significativa este primer hecho que debe llevar a la consecución de otros fondos.
Por esta razón pone el énfasis en el potencial convenio que en un futuro inmediato pueda alcanzarse con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
Reyna relata que el PMA ha tenido un somero acercamiento a la realidad venezolana «a través de la llegada de un personal técnico que hizo un estudio en el terreno sobre seguridad alimentaria en el país y los datos obtenidos fueron muy preocupantes».
Ese informe al cual hace referencia el activista reflejó a principios de este año que hasta setiembre de 2019 en Venezuela había 9 millones 300 mil personas bajo los índices de extrema inseguridad alimentaria «y más de 17 millones arreglándoselas como pueden para poder acceder a alimentos y a otros medios de vida».
Los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos salieron de Venezuela «pero se está gestionando que regresen para que se puedan adquirir «insumos para los pequeños y medianos productores como semillas, y apoyos a la población en general con la movilización de alimentos con programas de transferencias de recursos para las familias más vulnerables».
Echa pa llá las críticas
Ante las críticas que han provenido de sectores, de un lado y del otro, lo que recomienda el presidente de Acción solidaria y Civilis «es que le preguntemos a la gente si prefiere esa diatriba o poner gasolina como es para movilizar sus mercancías, sus siembras, poder llevar el agua a sus casas, comida a sus hijos, utilizar el transporte público y otras actividades».
Reyna llama a no atender «a estas pocas voces críticas» y si a estar pendientes de que este paso dado puede abrir otras posibilidades para avanzar en temas como las elecciones parlamentarias, e incluso presidenciales.
Cree que este acercamiento va sentando bases para futuros encuentros y diálogos entre las partes «en función de la población venezolana».
