El Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, radicado en Caracas, dictó privativa de libertad para 35 personas que supuestamente están vinculadas a delitos asociados al terrorismo y al narcotráfico en Apure.
La decisión fue publicada este mismo domingo 6 de febrero una vez que se culminara con dos audiencias de presentación realizadas el sábado 5 de febrero y que dirigió el Juez Macsimino Márquez García.
El magistrado se presentó 6 horas después de haber convocado las mismas para este sábado. Las audiencias debieron haberse efectuado el pasado 2 de febrero, cuando fueron trasladados estos ciudadanos desde la entidad llanera.
Los detenidos provienen de las poblaciones de La Victoria, Guasdualito, El Amparo y la capital San Fernando de Apure. En un primer grupo de 22 personas aparecen Antonio José Rodríguez Arias, Iris Del Carmen Rattia Ramos (comisionada de la PNB y quien se venía desempeñando como directora de la Policía Municipal de Páez) y Erminio Roa Mora, entre otros.
También se encuentran en este listado los jóvenes Daniel Jesús Marcano Somrah y Yeferson Sneider Clofort Calderón, cuyos familiares denunciaron a través de Radio Fe y Alegría Noticias que fueron detenidos arbitrariamente en una alcabala de La Victoria cuando se dirigían a Guasdualito a comprar unos repuestos para motos ya que son mecánicos en una localidad del municipio colombiano de Fortul.
Igualmente fue acusado y privado de libertad Anderson José Monasterio Chacón de 29 años de edad, residente del asentamiento campesino Primero de Mayo, de la parroquia San José de El Amparo.
Monasterios se encontraba en el barrio El Diamante de Guasdualito cuando fue capturado por funcionarios de la DGCIM. Su vecino, Gabriel Antonio Hernández, también fue retenido en otro procedimiento.
Frente a esta situación la señora Carmen Dilia Chacón, madre de Anderson, se trasladó a la sede de Radio Fe y Alegría Noticias para denunciar lo que considera un atropello contra los campesinos del Alto Apure «que sólo están trabajando para sobrevivir y sacar a sus hijos adelante», indicó.
El juez Márquez inculpó a estos ciudadanos de los supuestos delitos de terrorismo y asociación para delinquir, tipificados respectivamente en los artículos 52 y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, además de tráfico y porte ilícito de armas para algunos, entre ellos los jóvenes mencionados.
En la segunda audiencia fueron incriminadas otras 15 personas más por varios delitos similares. Según la nota tribunalicia estos ciudadanos presuntamente pertenecen a los llamados Grupos de Delincuencia Organizada, GEDO, y que a su vez mantenían vinculación con los denominados TANCOL, nueva nomenclatura que utiliza el gobierno venezolano para calificar a los grupos irregulares que operan en la frontera.
Detenciones arbitrarias y abuso de poder
A raíz de la ola de violencia originada en municipios del Departamento de Arauca tras el enfrentamiento armado entre el ELN y disidencias de las FARC, y cuyas consecuencias también se han traslado a territorio venezolano, el gobierno ordenó la militarización de esa zona fronteriza de Apure.
Sin embargo, sus pobladores denuncian abuso de autoridad por parte de los funcionarios militares venezolanos al practicar estas detenciones arbitrarias y allanamientos a viviendas sin ningún tipo de orden judicial.
Vale recordar que el pasado jueves 13 de enero fueron detenidas 6 personas en la población de La Victoria, parroquia Rafael Urdaneta, del municipio Páez, Apure, de acuerdo a la reseña oficial de la ZODI 31 de la entidad.
Entre los detenidos, reseñados como presuntos guerrilleros integrantes del Décimo Frente «Martín Villa» de las ex FARC, según la propia información oficial, se encontraban dos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana.
Los funcionarios fueron identificados como el Oficial José Ezequiel Acosta Porras, alias «Saqueo». Supuesto colaborador del F-10 Martín Villa. Se dice que realizó un curso de milicia con en el referido frente en febrero del año pasado, con una duración de 20 días y participación de 100 guerrilleros en el sector de Arenales.
Igualmente, el Oficial de la PNB Carlos Rafael Gallardo Rondón, también presunto colaborador del F-10 Martín Villa. Ambos estaban adscritos a la comisaría policial de La Victoria, de acuerdo al boletín oficial.
El procedimiento fue practicado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, en el hotel Flamenco de la localidad en donde se hospedaban supuestamente los presuntos subversivos.
Dos mujeres también fueron detenidas en el operativo, supuestamente integrantes de la agrupación subversiva. Fueron identificadas como Iraima Andreina Acosta Moncada, alias «Guadalupe», (guerrillera activa y perteneciente al Frente -10 Martín Villa), se lee en la minuta.
