La oenegé Provea denunció ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, que el Estado venezolano continúa evadiendo sus responsabilidades de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el país.
Durante la participación de este miércoles 5 de julio de 2023, en la presentación de un informe sobre Venezuela, el representante de la organización, Marino Alvarado, expresó su preocupación por el cierre progresivo de los espacios para el ejercicio de las libertades y la creciente obstaculización de las organizaciones de la sociedad civil, lo que afecta la asistencia a los sectores más vulnerables de la población.
Alvarado hizo hincapié en la persistencia de la represión por motivos políticos, destacando que en el último año las personas que defienden los derechos laborales se encuentran en mayor riesgo de ser privadas de libertad.
Mencionó específicamente el caso de dos sindicalistas de la empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor), quienes permanecen encarcelados en Caracas luego de que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar los detuvieran el 11 de junio.
También comentó el caso de los 19 trabajadores de esta empresa a quienes se les encarceló en enero y posteriormente sometieron a libertad restringida.
Cierre del espacio cívico
Para Provea, estas detenciones y restricciones se enmarcan en un contexto de cierre del espacio cívico y un aumento de los riesgos para aquellos que ejercen su derecho a participar en la vida social y política.
Por ello, Provea exhortó al Estado venezolano a poner fin a la persecución y abstenerse de imponer restricciones a la labor de la sociedad civil.
Además, destacó la importancia de que el Estado respete y acate las recomendaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros mecanismos de protección de derechos humanos.
“El Estado venezolano persiste en evadir su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en Venezuela, mientras ignora o simula implementar las recomendaciones realizadas por la Oficina (del Alto Comisionado), los relatores, los grupos de trabajo y demás mecanismos convencionales de protección de derechos humanos. Debe exhortarse al Estado venezolano a que cese la persecución y se abstenga de imponer restricciones a la acción de la sociedad civil”, pronunció Alvarado.
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