Este miércoles 5 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, presentó un informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos. Este informe tiene su origen en la resolución 51/29 del Consejo, que le pide al Alto Comisionado “que presente un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, que incluya una valoración detallada de la aplicación de las recomendaciones formuladas en los informes anteriores del Consejo” (énfasis añadido).
Con esta resolución, el Consejo no le pidió al ACNUDH un informe más, sino uno con características muy especiales que permitiera determinar el verdadero alcance de la supuesta cooperación de Venezuela, sobre la cual tanta propaganda hace el gobierno de Maduro. Por eso se pidió un informe exhaustivo con una valoración detallada. Sin embargo, el documento presentado por Türk ante el Consejo se quedó corto frente a los adjetivos que calificaban el encargo del Consejo.
Aunque la presentación oral de Turk fue menos tímida que el informe escrito, lo que queda en el registro es el texto y este es genérico, débil e insuficiente para cumplir con lo requerido por el Consejo. Se trata de un informe descriptivo que no logra establecer a relación entre los hechos presentados y las 105 recomendaciones registradas en el anexo del mismo informe.
A falta de este cotejo exhaustivo y detallado, sin embargo, en 35 oportunidades a lo largo del informe el ACNUDH utiliza expresiones como “El ACNUDH alienta al gobierno”, “El ACNUDH reitera su llamado”, El ACNUDH insta a las autoridades”. De esta manera, sin decirlo expresamente, el ACNUDH está reconociendo que Venezuela ha incumplido con las recomendaciones en todos los ámbitos y derechos a los que se refiere el informe y su anexo.
El tono tímido que prevalece en el informe mantiene la línea cautelosa de la anterior Alta Comisionada, donde la presencia de la Oficina en Venezuela se priorizó por encima del mandato de protección. A criterio del defensor de derechos humanos Calixto Ávila, “es un modelo en donde evaluar sus propias recomendaciones puede atentar contra el permiso para quedarse en el país. Hace una OACNUDH débil ante los autoritarismos, sometida a una lógica de toma de rehenes”.
Su presencia en Venezuela
La presencia de la OACNUDH en Venezuela arrancó a mediados de 2019 con tan solo dos personas y recientemente se aprobaron recursos para aumentar el número de oficiales hasta 30, por lo que resulta inexplicable que, con mayor personal desplegado en el país, la Oficina no logre presentar informes que se ajusten a lo exigido por el Consejo de Derechos Humanos. La única explicación posible es que no se trata de un problema de recursos humanos, sino de cálculo político.
Por otra parte, cabe recordar que el tema de la evaluación no estaba en la primera versión de la resolución, por lo que se consideró un logro y un avance su inclusión en el texto aprobado en septiembre de 2022. Sin embargo, a criterio de Ávila, la OACUDH, “en lugar de aprovechar la fortaleza del mandato dado por el Consejo, lo debilita, lo acomoda, lo incumple”.
Las recomendaciones incumplidas
Algo similar ha sucedido con la Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hechos sobre Venezuela (MII) cuyo trabajo sigue siendo totalmente ignorado por el ACNUDH. El informe presentado por Turk este 5 de julio, tiene 107 referencias a pie de página que incluyen ONG nacionales e internacionales, fuentes periodísticas, órganos de tratados, procedimientos especiales y los mismos informes de la OACNUDH, pero ni una sola cita, mención o referencia al trabajo de la MII. Es como si no existiera, pese a que tanto el mandato del ACNUDH como la MII le deben su actual vigencia a la misma resolución 51/29.
A pesar de las debilidades del informe, los países democráticos pudieron extraer algo de información para exigir, una vez más, el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Venezuela que fueron recogidas en el anexo al informe y que se presentan resumidas en el cuadro siguiente. Ellas debieron ser la vara de medición para el informe.
En virtud del informe recién presentado, la comunidad internacional y las ONG nacionales e internacionales de derechos humanos deben exigir al Alto Comisionado Türk el cumplimiento del mandato general de la oficina en Venezuela y de acuerdo con la resolución 51/29, maniendo en la mira que se trata de 105 recomendaciones sobre las cuales debe basarse la evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de Venezuela. Igualmente, se debe exigir el levantamiento del muro que impide la interacción de la MII con la presencia en de la OACNUD en Caracas y apoyar a la MII para sacar el mayor provecho de la enorme y valiosa información producida por ella.
Este artículo fue publicado originalmente y es autoría de AlertaVenezuela
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