Tras el doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, la fase de búsqueda y rescate de supervivientes empieza a cerrar para dar paso a un desafío aún más complejo: la reconstrucción y la atención a largo plazo de miles de familias afectadas.
Óscar Murillo, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), dijo en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias que la emergencia no puede ser una excusa para relegar los derechos fundamentales. Al contrario, sostuvo que solo una perspectiva de derechos humanos garantizará una respuesta digna, técnica y alejada de la instrumentalización política.
Para Murillo, Venezuela se encuentra en una crucial segunda etapa de la emergencia que involucra la reagrupación familiar y la asignación de refugios temporales, e insistió que el país debe aprender de los errores del pasado
“Tenemos lecciones que aprender de la tragedia de Vargas en 1999. Allí hubo reasignación de viviendas y fragmentación de familias precisamente porque se hizo sin un enfoque de derechos humanos. Eso es lo que hoy tenemos que poner sobre la mesa”.
El activista enfatizó que el derecho a una vivienda segura debe ser la prioridad técnica y social de las autoridades, asegurando que los traslados no destruyan el tejido familiar ni dejen a las víctimas en una mayor vulnerabilidad.
Gestión de la catástrofe
Uno de los puntos más críticos señalados por Murillo fue la designación de la gestión de la catástrofe bajo el formato de “misiones” políticas y el nombramiento de perfiles oficialistas en lugar de expertos técnicos.
Además, calificó como un error denominar al plan de reconstrucción “Gran Misión Venezuela a Renacer”, argumentando que el imaginario colectivo venezolano asocia estas estructuras con el control social, el clientelismo y la exclusión de sectores disidentes.
Al referirse a la designación de Jacqueline Farías al frente de las obras, cuestionó si cuenta con el aval de los especialistas en gestión de riesgos. Murillo exhortó a la funcionaria a deponer las lógicas partidistas e incorporar de inmediato a la academia y a profesionales con credenciales intachables.
Insistió en que la transparencia es un derecho frente a las demandas de rendición de cuentas sobre los recursos destinados a la tragedia. “La transparencia no es un regalo o una concesión del Estado, sino un derecho de la población a saber cómo se invierten los recursos”.
El “desfase crítico” de las primeras 72 horas
Al analizar la respuesta inicial del Estado, Murillo reveló que, según diversos estudios, durante las primeras 72 horas del desastre se produjo un desfase crítico entre el impacto del terremoto y las capacidades operativas disponibles.
Si bien reconoció que ningún país está completamente preparado para un desastre natural de tal magnitud, denunció que la falta de equipos de Protección Civil, maquinaria pesada y recursos de rescate es la consecuencia directa de un “largo período de erosión institucional, negligencia y corrupción” que no se puede ocultar.
Ante este vacío fiscal y operativo, fue la solidaridad de la sociedad civil, las ONG y el sector privado la que sostuvo la atención primaria en las zonas más afectadas, señaló.
Prioridades humanas y legales para la segunda fase
Murillo delineó una serie de prioridades transversales sobre las cuales la sociedad civil y las agencias internacionales deben mantenerse vigilantes:
Protección a grupos vulnerables: Urge aplicar protocolos diferenciados para niños, niñas, adolescentes y mujeres, previniendo activamente situaciones de abuso o violencia dentro de los complejos de refugio.
Distribución sin discriminación: Garantizar que la ayuda humanitaria, canalizada mediante agencias de la ONU y actores locales con experiencia (como Cáritas de Venezuela y Avesoc), llegue de forma equitativa.
Acompañamiento psicosocial y jurídico: Destacó iniciativas como Psicodata (UCAB) y el trabajo de Cofavic para contener el duelo de las víctimas, recalcó la necesidad de asesorar legalmente a quienes han sido desalojados de edificios con daños estructurales en Caracas y La Guaira, asegurando que la pérdida física de sus hogares no vulnere sus derechos de propiedad ni de identidad.
Finalmente, el director de Provea hizo un llamado a la sensatez del poder para construir un consenso nacional amplio, transparente y profundamente democrático. “Estamos a tiempo de rectificar”, concluyó, insistiendo en que la reconstrucción material del país no podrá sostenerse si no se reconstruye primero la confianza institucional.
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