Los abogados Tareck William Saab y Alfredo Ruiz fueron ratificados la semana pasada por la AN como Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, respectivamente. El tercer integrante del Poder Moral, contemplado en la constitución nacional, es Gustavo Vizcaíno, designado como Contralor General de la República. Viene de ser director general del Saime.
Para miembros de algunas organizaciones de derechos humanos en Venezuela la ratificación de Saab y Ruiz en dos de las instancias que están relacionadas directamente con este ámbito que debe salvaguardar la dignidad de todo ciudadano en el país genera muchos interrogantes.
La coalición de ONG dedicadas a este tema se llama Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento. En un documento suyo que hizo público la organización argentina Cadal, la iniciativa expresa tajantemente que la continuidad del Fiscal y del Defensor del Pueblo en esos puestos es una mala señal para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela.
Alertan que las designaciones complican las posibilidades del restablecimiento de las bases democráticas, la justicia y verdad en Venezuela.
“Luego de siete años, la gestión de Saab ha sido distinguida por las violaciones al debido proceso, tanto de las personas detenidas por delitos comunes como de los presos políticos venezolanos, la absoluta ausencia de independencia respecto al poder ejecutivo y el uso de recursos públicos con fines personales”, exponen en el comunicado.
Lo que apuntan del Fiscal General renovado
En su crónica que recoge la memoria colectiva de los ciudadanos, hacen recordar que hace tres años, en el 2021, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sumó al Ministerio Público venezolano en un informe que concluye que los fiscales habían desempeñado un papel directo en los casos de detenciones arbitrarias, omitiendo actuar como contrapeso de otras autoridades del Estado perpetuando la impunidad de los crímenes cometidos.
Sobre el ratificado Defensor del Pueblo
De Alfredo Ruiz señalan, al rememorar su pasado como activista defensor de derechos humanos desde la ONG Red de Apoyo por la Paz y la Justicia, que en su gestión de 7 años prevaleció la omisión y el silencio en perjuicio de las víctimas.
Sobre su confirmación para continuar en el cargo aseveran que su nombramiento es inconstitucional. Argumentaron que se violó el artículo 280 de la Carta Magna que establece explícitamente que las designaciones para ese puesto se realizarán “por un único período de siete años”.
Del nuevo Contralor General de la República
Del nuevo Contralor General de la República cuestionan que estando al frente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), fue el responsable directo de la anulación de pasaportes a activistas, dirigentes políticos de oposición y periodistas venezolanos.
Además, indican que entre las principales competencias de la Contraloría están las de rendición de cuentas, la transparencia del presupuesto público y la buena administración del Estado.
Ante ello, consideran que Vizcaíno, en su gestión al frente del Saime, careció de todos esos principios al calificarla como opaca y con serios indicios de dificultades para el acceso a la información pública que debe proveer el organismo.
Lo que proponen a la sociedad civil
Al final del documento, sugieren que “el nombramiento y ratificación de estos funcionarios en sus puestos constituye un preocupante aval a la impunidad y el reconocimiento gubernamental que, lejos de evitar su repetición, el Estado venezolano está dispuesto a mantenerlos en el futuro. Ante la imposibilidad de conseguir algún nivel de protección en las instituciones nacionales a sus derechos, la sociedad venezolana debe seguir buscando contención y disuasión en el trabajo de los organismos internacionales con mandato en la protección a los derechos humanos”.
¿Cómo fue la convocatoria pública?
En la convocatoria pública que hizo la Asamblea Nacional el pasado 15 de octubre se establecía que, de conformidad con el artículo 279 de la Constitución Nacional, los aspirantes a la Fiscalía, Contraloría o Defensoría deben cumplir con las siguientes exigencias:
No ser cónyuge, ni mantener unión estable de hecho, ni vínculo de consanguinidad ni afinidad con los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente de la República, la Vicepresidenta o Vicepresidente Ejecutivo de la República, los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, la Fiscal o el Fiscal General de la República, la Defensora o Defensor del Pueblo, la Defensora o Defensor Púbico General, los Rectores y Rectoras del Consejo Nacional Electoral, el Contralor o Contralora General de la República y la Procuradora o Procurador General de la República.
Ser venezolano y no poseer otra nacionalidad
Ser ciudadano de reconocida honorabilidad
Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía por un mínimo de quince años y tener un título universitario de postgrado en materia jurídica, o haber sido profesora o profesor universitario en Ciencias Jurídicas por un mínimo de quince años; o ser o haber sido Jueza o Juez Superior con un mínimo de quince años en el ejercicio de la Carrera Judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
La oposición del PCV
Pero, tras la ratificación por los parlamentarios, la directiva del Partido Comunista de Venezuela rechazó el nombramiento de los representantes del Poder Ciudadano, calificaron el acto de “mascarada pseudodemocrática”.
El diputado y secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Óscar Figuera rechazó que Tarek William Saab, Alfredo Ruíz y Gustavo Vizcaíno lideren la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General.
Figuera, que votó en contra, aseguró que en la sesión se conoció “un limitado informe” presentado por el Comité de Evaluación de Postulaciones y, acto seguido, se nombró una comisión especial que no dio tiempo a los diputados “para acceder a sus expedientes y poder así formar nuestra propia opinión sobre los postulados”.
Un total de 128 personas se postularon para ocupar el puesto de Contralor General, pero el comité de postulaciones de la AN presentó una lista de solo 48 ciudadanos elegibles.
Para el cargo de Defensor del Pueblo se postularon 58 personas. Mientras que para ser Fiscal General de la República el listado llegó a ser de 35 ciudadanos.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram, WhatsApp y descarga nuestra APP.
