La Red Ecelisial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Clamor) pidió a las autoridades panameñas no criminalizar a los migrantes.
En un comunicado, la red manifestó su “solidaridad con las personas migrantes que ingresan por la selva de Darién y nuestra preocupación por el cese temporal de las atenciones médico-humanitarias que realizaba la organización Médicos Sin Fronteras”. Esta medida deja en desamparo a las miles de personas que cruzan el Darién.
Alertan “la organización humanitaria repetidas veces ha señalado el alarmante aumento de los casos de violencia sexual, la que considera cruel y deshumanizante”, reza el comunicado.
Criminalizar la migración
De igual forma, la Red Clamor rechaza “la postura asumida por organismos del Estado, que señalan que la situación migratoria ya no es humanitaria, sino de seguridad nacional, desconociendo con esta afirmación las causas estructurales que provocan la migración en la región”.
Consideran preocupante “el creciente intento por manejar una narrativa de criminalización de la movilidad humana y del accionar de los organismos humanitarios”.
Desde la Red piden “al Gobierno dar una oportunidad al diálogo y reconsiderar su enfoque en el marco de la seguridad nacional de la migración. La crisis humanitaria que se vive en el Darién necesita ser abordada desde una perspectiva de mayor solidaridad sin dejar a nadie excluido o descartado”.
Lea el comunicado de la Red Clamor:
La migración por el Darién
Durante el año 2023, más de medio millón de personas cruzaron la selva del Darién con la aspiración de avanzar por Centroamérica hacia los Estados Unidos.
El flujo migratorio no cesa. En lo que va de año 2024, cerca de 80.000 personas ya cruzaron la Selva que une a Colombia con Panamá.
El pasado 6 de marzo, la Red Clamor pidió no estigmatizar a los migrantes por el incendio ocurrido en una estación migratoria.
El incendio se produjo el pasado sábado 2 de marzo en la estación de recepción temporal migratoria de San Vicente. Por estos hechos imputaron penalmente a 38 venezolanos, 6 colombianos y 1 ecuatoriano por los presuntos delitos contra la seguridad colectiva y el patrimonio económico.
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