República Dominicana denuncia que se trata de migrantes sin documentos. La cifra de deportación se corresponde a los últimos seis meses.

La Dirección General de Migración (DGM) se propuso la expulsión semanal de unos 10.000 extranjeros sin papeles, desde el pasado mes de octubre.

Desde entonces y hasta el 31 de marzo fueron 180.417, las personas que expulsaron del país. En concreto, según un comunicado de Migración, en octubre se repatrió a 40.223 haitianos, en noviembre a 28.703, en diciembre a 25.085, en enero fueron 31.213, en febrero 26.659 y, finalmente, en marzo 28.534.

Control migratorio y reseña policial

La autoridad migratoria informó que antes de las expulsiones, a todas las personas las registraron y validaron sus identidades con equipos de biometría.

En los operativos participó el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila y otras entidades gubernamentales.

Las autoridades realizaron estos operativos en se llevaron a cabo en diferentes provincias de República Dominicana.

República Dominicana y los migrantes haitianos

La dirección General de Migración aseguró que los procedimientos se realizan “respetando los derechos humanos, la dignidad de los inmigrantes y cumpliendo con las normas del derecho internacional y el derecho procesal democrático vigente”.

Durante años, la República Dominicana y Haití viven en medio de hostilidades diplomáticas y alertas de guerra.

De un lado de la isla, los haitianos sufren los embates de la pobreza, la violencia de las pandillas y constantes desastres naturales. Por el contrario, en Dominicana viven varias décadas de estabilidad económica, aprovechamiento del turismo y otras condiciones que favorecen las libertades personales.

Constantemente, grupos de haitianos intentan cruzar la frontera -cerrada- para tratar de alcanzar mejores condiciones de vida, no muchos los consiguen.

Entre ambos países se construyen diversas barreras físicas y políticas que impiden la libre circulación. Dentro de estas destacan vallas y zanjas que cortan los caminos.

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