Tras la decisión del tribunal de dar arresto domiciliario a la activista Vanesa Rosales luego de asistir a una joven de 13 años en Mérida para que abortara al quedar embarazada producto de una violación, las organizaciones de la sociedad civil consideran que en el país se debe abrir el debate en torno a la despenalización de aborto.
Rigoberto Lobo, director general de PROMEDEHUM, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que este caso invita a plantear el tema al tiempo que considera que previo a juzgar se debe tomar en consideración todas las posturas.
“Hablar del aborto es hablar de un tema de salud pública, aunque a muchas personas no les guste, ojalá el estado venezolano se dedicará a perseguir a las personas que se lucran con este negocio”.
Lobo afirmó que, en la entidad andina, existen precedentes relacionados con este tipo de situaciones. “En la ciudad de Mérida, tenemos una lamentable historia de abortos clandestinos, donde las mujeres que han asistido a esos lugares han sido víctimas de otras situaciones, entre ellas abusos sexuales en el contexto de la realización del aborto pero también condiciones muy precarias para realizar esto (aborto) y por supuesto no es gratis”.
El director de PROMEDEHUM recuerda la decisión histórica en suelo argentino y como se puede replicar el espacio de discusión a escala nacional. “El negocio del aborto clandestino afecta la dignidad de las mujeres. La legalización del aborto en Argentina nos invita a que debamos tener ese debate, un debate polarizado en medio de la polarización en el país y a nivel mundial donde se intenta poner toques ideológicos a las diferentes posiciones y no se trata de eso”.
Para Lobo el garante de la seguridad en la nación debe tomar medidas urgentes para así evitar víctimas. “Hay que insistir que el Estado persiga a esas personas que verdaderamente se lucran con el negocio del aborto y no a las personas que apoyan a las mujeres que por alguna razón justificada desean interrumpir su embarazo y estas defensoras como Vanesa les prestan ayuda”.
