El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) emitió un reporte sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela durante el primer semestre de 2023, con el cual alertó sobre el cierre del espacio cívico y democrático.
El CDJ destacó en una nota de prensa que persisten medidas legales y fácticas de índole autoritario que limitan y obstaculizan el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela.
Como como puso el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines; y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.
También mencionó la ordenanza de convivencia ciudadana, civismo y justicia de paz comunal, promovida por la alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital.
Según el CDJ, estas normas restringen de manera arbitraria los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacífica; además, ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela.
Es por ello que el CDJ considera que se está usando el derecho penal y el hostigamiento judicial para criminalizar y judicializar a quienes defienden derechos humanos, al igual que contra quienes exigen sus derechos y son “perseguidos”, como suelen ser los líderes sindicales.
Finalmente, refiriéndose a los próximos eventos electorales, el CDJ hizo un llamado al Estado venezolano para garantizar, con esta oportunidad, un espacio cívico y democrático pleno, libre y seguro.
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