El director del Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela, P. Eduardo Soto, se refirió este lunes 5 de abril a la todavía tensa situación que se mantiene en la zona fronteriza del Alto Apure a raíz de los fuertes enfrentamientos armados entre funcionarios militares de nuestro país y grupos armados registrados desde hace dos semanas.
Uno de los primeros énfasis que Soto le puso a la conversación con Radio Fe y Alegría Noticias es que ven con mucha preocupación aún lo que está ocurriendo con la población civil en La Victoria, El Ripial y otras comunidades de la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Páez que se ha quedado en el medio de este fuego cruzado.
Le prestó especial atención «a los más de 4 mil desplazados que tenemos en la población de Arauquita en Colombia» y también de los llamados desplazados internos que por lo general no han sido mencionados en este conflicto armado.
Una de las primeras dificultades que han tenido desde la organización que dirige «es que no hemos podido tener acceso a la zona para saber exactamente qué es lo que está pasando, y la única manera que hemos tenido de conocerlo es a través de los medios de comunicación». En este punto cuestionó que «lamentablemente muchos de los medios politizan el asunto y no sabemos cómo está la gente, cómo está la población, cuáles son son sus necesidades urgentes que deben ser atendidas en este momento para tener una estrategia de mucho más largo alcance».
El jesuita venezolano agregó que este aspecto es sumamente importante porque lo prioritario es lograr que la población «regrese a sus lugares de trabajo y de vida».
Ausencia de institucionalidad venezolana
En los 20 años que lleva el Servicio Jesuita a Refugiados trabajando en la frontera de Venezuela con Colombia «hemos denunciado, hemos hecho visible la falta de institucionalidad, en la frontera todo es muy complicado justamente porque no existen instituciones que puedan garantizar no solamente los derechos más básicos de la población sino también los mecanismos de acceso a la justicia para poder dirimir sus propios conflictos».
Para Soto esta ausencia institucional por parte del Estado venezolano ha propiciado que los grupos irregulares hayan asumido «esas funciones en la frontera colombo venezolana», añadiendo que este eje fronterizo en particular es muy poroso, «únicamente separada por un río (Arauca) que es muy fácil vadearlo y se presta para que los grupos irregulares, de todo tipo y de todo calibre, practiquen actividades ilícitas» como el contrabando de productos y mercancías «incluyendo la gasolina».
En este apartado hizo mención especial que anteriormente se daba el contrabando de combustible desde Venezuela a Colombia y «ahora se da desde Colombia hacia Venezuela».
No desdeñó que en medio de esta situación haya muchos intereses de los grupos armados irregulares «que se están tocando seriamente y que están financiando otras actividades que son ilícitas también».
No solo vale la lógica militar
Aplaude que el gobierno venezolano, dentro de sus potestades, intervenga en la zona para ponerle control a la situación pero criticó que «quienes están siendo más afectados en toda esta situación es la población civil» porque a su juicio para combatir a un grupo de unas 100 personas, aproximadamente, «tenemos a más de 4 mil personas afectadas que se encuentran en reales condiciones de vulnerabilidad».
También lamentó la muerte de militares y civiles por este conflicto armado. Llamó al ejecutivo nacional a aplicar una real política de integración, coordinación y de fortalecimiento de nuestras fronteras «pero no solamente desde el punto de vista militar y de seguridad» sino desde la perspectiva de «soñar la frontera de manera distinta, donde haya un reconocimiento de la sociedad civil, de las iglesias, de la comunidad y que puedan trabajar por la paz y la dignidad que se merecen como venezolanos que son».
Sobre la labor del SJR Venezuela destacó que cuentan con una oficina binacional que funciona en Guasdualito, Apure, y en Arauca con dos equipos de trabajo. Debido a este carácter transfronterizo «es como hemos tenido conocimiento de cómo se han atendido en el lado colombiano a los venezolanos que pasaron el río desde La Victoria por parte de la coordinación humanitaria en Colombia».
Resaltó que en el vecino país esa coordinación es mucho más efectiva desde el Estado colombiano con las organizaciones multilaterales como la Cruz Roja Internacional y el ACNUR, entre otras, por su larga experiencia en este tipo de situaciones. No así en Venezuela en donde no se cuenta con la misma coordinación «no tenemos la misma experiencia».
Terminó indicando que no solo basta la presencia de fiscales militares y del Ministerio Público en la zona. Hace falta, en el plano de los consensos, la coordinación con los actores de la sociedad civil apureña.
