Para el coordinador de la ong de derechos humanos Acceso a la Justicia, Alí Daniels, la forma en cómo están planteadas las elecciones legislativas del 6 de diciembre también constituye una clara violación de los derechos humanos en Venezuela.
En diálogo con Radio Fe y Alegría Noticias explicó que por esta razón la organización que dirige le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que «se pronuncie sobre un conjunto de irregularidades que se presentan en estas elecciones en Venezuela».
Daniels también agrega que la iniciativa, aunque parezca un poco ilusoria a estas alturas del partido, permite dejar documentadas esas anormalidades desde el inicio de la convocatoria del proceso para que luego, en un futuro no muy lejano, los responsables puedan ser procesados por estos hechos.
Asegura que tal cual como está diseñado el actual sistema electoral para estos comicios «lo que se pretende, para ponerlo en términos muy sencillos, es que al final las personas voten pero no elijan, con lo cual se está violando un elemento fundamental en toda democracia y es que las personas tengan la libertad de elegir sin ningún tipo de restricciones».
Señala que las violaciones «son transversales» porque todos los componentes del sistema electoral están intervenidos a favor del gobierno «y entonces el ciudadano, donde reside la soberanía de elegir, no goza de esa capacidad de decisión voluntaria…y eso no es democracia», sostiene el abogado.
El combo de irregularidades
Entre esas irregularidades menciona la designación de los rectores del CNE «a dedo por parte del TSJ, poniendo a la cabeza a la ex magistrada Indira Alfonzo, quien ya ha demostrada en otras oportunidades su parcialidad a favor del gobierno», al mencionar que fue la actual presidenta del poder electoral la que no terminó de decidir el caso de los diputados de Amazonas a la AN, con lo cual la oposición terminó perdiendo la mayoría absoluta en el parlamento.
En este renglón de cambios añade el aumento de diputados a 277, en lugar de los 167 que existen actualmente. Para el jurista este tipo de cambios no está previsto en la constitución nacional y por lo tanto se convierte en otra ilegalidad además de perjudicar a la oposición porque favorece la elección de más candidatos chavistas en las respectivas circunscripciones.
Por otro lado, se redujo la cantidad de parlamentarios a ser electos nominalmente de 70 por ciento a 48 por ciento, es decir, solo 133 legisladores, al tiempo que se elevó el número de aquellos que van a ser escogidos proporcionalmente hasta el 52 por ciento, es decir 144 diputados.
En el caso de la modificación de la representación de los pueblos indígenas en el parlamento también cuestiona que se hizo inconstitucionalmente. Asienta que se determinó «una elección de segundo grado para la representación indígena, es decir, la elección de personas que luego elegirán a los diputados indígenas y eso también es ilegal».
En este punto tampoco se respetó la paridad de género. De hecho, hay pocas mujeres indígenas como candidatas para el evento electoral, lo cual constituye también una discriminación de género, apunta Daniels.
¿Cuál es la solución?
Pese a este análisis el activista de derechos humanos dice ser conteste con la posición asumida por la Conferencia Episcopal hace un mes. Es decir, «no es suficiente abstenerse o decir que no se participa en el proceso electoral…hay que ir mucho más allá».
En ese sentido, apunta que es clave la organización ciudadana con miras a exigir que se llegue a un acuerdo político que no solo provoque la suspensión del evento electoral sino que además permita contar con las debidas condiciones para unas elecciones generales libres, justas y democráticas «donde la población tenga la posibilidad de escoger libremente quienes son los que la van a representar».
Llama a no caer en la resignación y si a mantenerse con la protesta pacífica y ciudadana. Desestimó el éxito que pudiera tener la consulta pública que está proponiendo el diputado Juan Guaidó porque considera que no es la salida más idónea para ejercer presión sobre el gobierno.
