Un grupo de 32 trabajadores del Instituto Nacional de Canalizaciones (Incanal) cumplen este 15 de febrero 17 años de ser despedidos en 2007 por la empresa estatal que cerró sus operaciones de dragado del río Arauca en Apure.
El señor Francisco Araujo empezó a trabajar en canalizaciones como vigilante el 21 de septiembre del año 1989, trabajó durante 17 años hasta que una comisión del instituto desde Caracas le notificó el cese de funciones.
“Nos despidieron sin causa justificada y hasta el momento no nos dan respuesta, yo lo que quiero es que se cumpla la ley en beneficio mío y de mis compañeros”, expresó Araujo.
Por su parte, Jocorides Venegas, trabajó 19 años, denuncia que son víctimas de atropellos por parte del Incanal al no reconocer las decisiones del Ministerio del Trabajo de restitución de los derechos del personal afectado.
Solicitan intervención del Fiscal General
La Fundación por el Desarrollo Social y Económico del Alto Apure (Fundaprodesea), que acompaña a los trabajadores durante el proceso judicial, su presidente Wenceslao Rodríguez, hizo un llamado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que revise los expedientes que están en la Fiscalía tras la intervención que solicitó el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo al Ministerio Público.
“Estas personas fueron despedidas en su debida oportunidad, el patrono no llenó los requisitos legales, el despido se declaró improcedente e injustificado, ellos fueron al Ministerio del Trabajo, solicitaron el reenganche y el pago de los salarios caídos, el organismo lo declaró con lugar, posteriormente se abrieron los procedimientos de multas por desacato y las instituciones se han mantenido rebeldes, sin dar respuesta a los trabajadores”, resaltó Rodríguez.
Según el defensor de los derechos humanos, en los 17 años que lleva el proceso de los trabajadores del INC ya murieron 8 empleados esperando justicia.
Dos trabajadoras del Insai también denuncian despido injustificado
Adicionalmente, dos trabajadoras del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) acompañaron a los afectados de canalizaciones para denunciar que ellas también son víctimas de despido en la época de pandemia a pesar del decreto gubernamental de inamovilidad laboral.
María Medina manifestó que durante la pandemia los mandaron a las casas en resguardo y cuando preguntaban por retornar a la oficina le informaban que nos era tiempo de incorporarse, hasta que les suspendieron el sueldo.
Medina, con otra compañera afectada, denunció en la Inspectoría del Trabajo lo que consideran un despido injustificado, pero siguen sin reenganche.
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