Desde la emblemática plaza “Andrés Eloy Blanco” en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, trabajadores del sector público, educadores, bioanalistas y representantes sindicales alzaron su voz este 1 de mayo, Día del Trabajador, para rechazar el reciente aumento del bono de guerra económica anunciado por el presidente de la República.
Para ellos, este ajuste es insuficiente y no sustituye la necesidad de un aumento real del salario mínimo, que permanece congelado desde hace más de tres años.
Ramón Gómez, presidente del Sindicato Único de Empleados Públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Municipal y otros organismos del Estado Sucre (Suepples), declaró que el país dispone de recursos suficientes para decretar un aumento salarial.
Por su parte, Maribel Rivero, vocera del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema Sucre), expresó: “Solo por explotación petrolera, ingresos fiscales y explotación de minerales, el año pasado ingresaron 65 mil millones de dólares al tesoro nacional”.
“Los educadores estamos decepcionados con este pírrico aumento que nos dio el presidente el día de ayer”, expresó Rivero.
Pedro Carvajal, representante del Colegio de Bioanalistas y profesor de la Universidad de Oriente, Núcleo Sucre, denunció que los trabajadores se mantienen en condiciones críticas de vulnerabilidad. “Hoy seguimos en un nivel de pobreza que no nos permite acceder a la cesta básica que está en el orden de los 526 dólares”, aseguró.
Carlos Peña, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en Sucre, recordó que los bonos entregados por el Ejecutivo no forman parte del salario formal y, por lo tanto, no generan beneficios laborales como prestaciones sociales, vacaciones o utilidades.
“Nosotros los trabajadores no tenemos seguridad social. Hay profesores que se están muriendo porque no pueden pagar una quimioterapia”, denunció.
La concentración de este jueves se suma a otras manifestaciones registradas en diferentes estados del país, en las que miles de empleados públicos, docentes y personal de salud exigen un cambio en la política laboral del Gobierno nacional, en defensa del salario digno, la seguridad social y el acceso a una vida con calidad.
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