El abogado y defensor de derechos humanos Walter Márquez informó la semana pasada que el Tribunal Quinto de Control del estado Táchira ordenó investigar a los funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal, por supuestamente estar incursos en violación de derechos humanos por la demolición de un restaurante en el Terminal de Pasajeros de la capital tachirense y de dos locales en el hospital central.
El activista explicó ante las aparentes irregularidades cometidas en el Ministerio Público al cerrar las dos averiguaciones mediante la figura del sobreseimiento, dicho tribunal reabrió el proceso, ordenando la investigación contra los funcionarios de la alcaldía.
“El Ministerio Público no ha sido un órgano imparcial, actuaba al servicio de la Alcaldía, encubriendo los graves hechos que han sido denunciados, que se convirtió en una política de Estado, en una política del municipio. No es un hecho aislado lo que ocurrió con la destrucción de los dos restaurantes del Hospital Central y el restaurante del Terminal de Pasajeros. A eso se agrega denuncias de violación de derechos humanos contra buhoneros, contra licoreros, contra repuesteros, contra bodegueros, que culminó con el caso de la señora María Lourdis Zambrano, quien falleció producto de un mal procedimiento de funcionarios de la Alcaldía”, acotó Márquez.
Los hechos
Reiteró que ese procedimiento no cumplió con los requisitos de ley, pues fue un allanamiento, donde hubo abuso de poder y agavillamiento por parte de los funcionarios municipales.
Por otro lado, lamentó que el alcalde Silfredo Zambrano justificara a sus funcionarios alegando que la señora no murió el mismo día de los hechos, cuando están las pruebas médicas de lo ocurrido desde el día del allanamiento, debido a que María Lourdis era hipertensa y diabética.
“Yo emplazo al señor Alcalde a que le ponga orden a los funcionarios que están atropellando a los ciudadanos. Vale más una vida que un tributo. Señor alcalde, usted no ha estudiado medicina, pero por lo visto tampoco estudió derechos humanos. ¿Cómo califica usted el que una persona hipertensa y con diabetes sufra el impacto de que irrumpan un grupo de funcionarios?, le esculquen todo el negocio, le impongan una multa de mil dólares y le cierren el negocio por veinte días. Eso incluso hasta violencia de género contra una señora. Está totalmente documentado”, aseveró.
La denuncia también fue formalizada ante instancias internacionales
Aclaró que la denuncia fue formalizada el 14 de agosto ante el Ministerio Público y organismos internacionales, porque los familiares de la víctima tenían temor a denunciar y no le habían informado lo ocurrido, pero destacó que son delitos que no prescriben.
“¿Por qué le parece sospechoso al Alcalde que hayamos declarado meses después? Es sospechoso que a él le parezca sospechoso. En vez de haber dicho ordeno una investigación por estos hechos, él empieza a defender a sus funcionarios”, dijo.
“Hay jueces éticos”
Por su parte, el abogado Omar Sayago, quien acompaña a Márquez en el caso, precisó que los días 17 de abril y 3 de julio de este año, el Tribunal de Control Quinto en materia penal del Circuito Judicial del estado Táchira contradijo y rechazó el sobreseimiento y el desestimiento por parte de la Fiscalía General de la República, en donde a través de la unidad de depuración y la Fiscalía Séptima pretendían desestimar y hacerle seguimiento a los casos del Hospital Central y del Terminal de Pasajeros.
“Como estamos todavía en un Estado de derecho y de justicia, lo poco que queda pero que funciona, hay jueces honorables de la República que todavía mantienen esa ética en alto, y rechazaron, contradijeron y enviaron nuevamente a la Fiscalía a que se continuara la investigación impuesta por la señora Andrea Ramírez, propietaria del local comercial 310 del Terminal de Pasajeros y del señor Óscar Escalante y Pablo Novoa, dueños y propietarios de los locales demolidos arbitrariamente por parte de la Alcaldía del municipio San Cristóbal”, indicó Sayago.
Detalló el abogado que esta orden que le dio el tribunal obliga a la Fiscalía a continuar con la investigación y las prácticas de experticia en contra de los ciudadanos Rodolfo Martínez, director general de la alcaldía del municipio San Cristóbal; Mario Izarra, síndico para aquel entonces; Neomar Ferreira, director del Terminal de Pasajeros y su abogado adjunto, Gerson Ramírez, y el abogado José Corzo, adscrito a la sindicatura del municipio.
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