El ex candidato presidencial es acusado por contrabando agravado, manejo ilícito de materiales estratégicos y asociación para delinquir.
Al pastor evangélico lo detuvieron el 2 de julio de 2010 y hasta octubre de 2019, el proceso judicial se estancó en su fase de juicio oral y público. Sus abogados argumentan que tras 8 años y 11 meses de investigación, el proceso se ha interrumpido en reiteradas ocasiones.
Ellos alegan que las razones son ausencia del Ministerio Público, inasistencia del juez o no comparecencia de los testigos.
En este escenario, la abogada Gloria Pérez solicitó ante la Sala Plena el avocamiento o nulidad del proceso y pidió libertad plena para su defendido.
Ante esta petición, el TSJ declaró inadmisible la solicitud argumentando que se trata de presuntas anomalías se pueden remediar en tribunales de instancia.
De forma inmediata, la Sala Plena instruyó al Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del estado Carabobo para que realicen las citaciones necesarias y continuar con el proceso.
