Ante el cierre de la Universidad Centroamericana en Nicaragua a través de una orden judicial, el jesuita Francisco Urrutia, secretario general de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina y El Caribe, Ausjal, emitió un comunicado en el cual, en nombre de la organización, condena la medida aplicada en contra de esta institución de la Compañía de Jesús.
En el pronunciamiento se expresa el más enérgico repudio a la toma de la universidad, con una tradición de 63 años en este país centroamericano, cuyo gobernante, Daniel Ortega, ha venido hostigando a instituciones y personas de la Iglesia católica en el país en los últimos años. El caso más emblemático es la condena a cárcel del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Para Urrutia la confiscación de todos los bienes económicos y materiales de la UCA, junto a la no renovación de la permisología necesaria para su funcionamiento como casa de estudios superiores, constituye no solo una violación a la autonomía universitaria sino también una vulneración de los derechos fundamentales de la sociedad nicaragüense.
En el comunicado de la Asociación se determina que toda universidad siempre debe ser un espacio para el diálogo, aprendizaje y crecimiento intelectual; y en ese sentido la toma violenta de la institución contradice estos principios.
La Asociación también se solidariza con los profesores, los estudiantes universitarios, los trabajadores administrativos y personal de mantenimiento ante este estado de indefensión y vulnerabilidad en el cual quedan luego de la clausura de actividades.
Finalmente le hacen un llamado al gobierno de Nicaragua para que cese la ocupación de la UCA y que permita la recuperación de la libertad académica y su capacidad de seguir contribuyendo al desarrollo intelectual de la sociedad nicaragüense.
También exhortan a los líderes internacionales y de organizaciones de derechos humanos a unirse en pro de la defensa de la democracia en Nicaragua, manteniendo el compromiso de trabajar por la restauración de un gobierno basado en la libre participación ciudadana y por el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.
Este miércoles los superiores de la Provincia jesuita de Centroamérica también se pronunciaron sobre esta situación. Señalaron que “son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua…”.
Igualmente, el Alto Comisionado le recordó al Gobierno de Nicaragua, que la confiscación de la universidad “afecta gravemente el derecho a la educación, indispensable para la consecución de otros derechos”.
Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.
