La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) presentó el pasado jueves 13 de abril su más reciente informe anual 2022 sobre la situación de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad en Venezuela, específicamente en los centros de detención preventiva.
La presentación de este informe estuvo a cargo del coordinador de UVL, el abogado y especialista en derechos humanos, Carlos Nieto Palma; y de la profesora Magaly Huggins Castañeda.
Ambos precisaron que durante el 2022 hubo un total de 72 muertes por enfermedades (17 de éstas ocurrieron por tuberculosis) y, adicional al hacinamiento, resultaron ser las causas que más afectan en los centro de detención preventiva en todo el territorio nacional.
La organización señaló que durante el primer semestre de 2022 trabajó con 335, mientras que en el segundo semestre con 284.
“En estos espacios, los reclusos no deben estar más de 48 horas y ahora se convirtieron en las nuevas cárceles. Lo que era la Zona 7 de la Policía Metropolitana en Boleíta (actual sede de la PNB), que tiene una capacidad para 200 personas, hay casi mil reclusos ahí. Esto es solo un mapa de lo que sucede en el país”, expresó Nieto Palma ante los medios de comunicación.
El coordinador de UVL agregó que hay aproximadamente 500 centros de detención preventiva en el país y que uno de los descubrimientos de la organización en los últimos años de trabajo es que “la violencia dejó de ser el principal problema” porque las enfermedades (en primer lugar la tuberculosis) y la desnutrición ocuparon los primeros lugares en las cárceles.
“La situación en los centros preventivos es peor”
Nieto Palma resaltó que el problema penitenciario en Venezuela “sigue siendo grave”, pero que en los centros de detención preventiva “es peor” porque en estos sitios la situación es “denigrante y violatoria de derechos humanos donde los presos no viven sino sobreviven en condiciones infrahumanos, retardo procesal y hacinamiento”.
Al menos 23 personas detenidas por protestar
Por su parte, la profesora Huggins Castañeda comentó que el discurso gubernamental es violento porque agrede a la población y, por ende, la violencia se convirtió en una cotidianidad y que en el país detienen a la ciudadanía por protestar.
En ese sentido, comentó que durante el año 2022, al menos unas 23 personas (en su mayoría, hombres) terminaron detenidas por exigir sus derechos para contar con el servicio de agua y luz.
Disminuyó la cifra de fugas
Huggins también informó que se redujo el número de fugas de los centros de detención en comparación con el año 2021, porque creen que incidió la presencia de la reforma del Poder Judicial que ofreció un atisbo de esperanza de salir de estos centros o, en su defecto, el traslado a otras prisiones.
“Las protestas también disminuyeron y eso nos hace pensar que habían expectativas para aguantar con más tranquilidad el drama cotidiano”, puntualizó la profesora.
Hugging precisó que un total de 23 presos fallecieron a causa de las enfermedades en las cárceles venezolanas. De este número, 17 fueron por tuberculosis. “Eso es gravísimo”, expresó.
Más de 16 mil personas hacinadas
La docente comentó que a finales del primer semestre de 2022, UVL registró un total de 16 mil 778 personas detenidas en los centros de detención preventiva en una situación de hacinamiento y que, aunque el número de estos centros se redujo a finales de 2022, la cantidad de hacinados no.
Espacios pequeños para grandes cantidades de personas
Huggins comentó que en los centros de detención había cupos para al menos 9 mil 553 personas en 284 calabozos. Sin embargo, la cifra se ubicó en 15.211 (hombres) y 1.557 (mujeres), es decir, 16 mil 837 personas en espacios pequeños.
En el caso particular del estado Zulia, en esta región había cupo para 250 presos, pero en total había 2 mil 626 detenidos, lo que se traduce en un 276 % de hacinamiento.
Violencia de género y abuso infantil en los primeros lugares de las causas de detención
Adicionalmente, la profesora resaltó que en Venezuela en años anteriores las principales causas de detención eran hurto, homicidio, robo, tenencia y consumo de drogas. Sin embargo, actualmente este escenario cambió y ahora se ubican en el primer lugar los ingresos por los delitos de violencia de género y abuso infantil.
Huggins señaló que no solo hay violencia del hombre hacia la mujer, sino también del hijo contra la madre para robarle el dinero y adquirir drogas. Para la organización UVL, en esta situación incidió la migración, hecho que fracturó a muchas familias venezolanas.
Las extorsiones están presentes
Para finalizar, la profesora comentó que muchos de los detenidos sobreviven gracias a la solidaridad de familias de compañeros de prisión. “Por un lado, se desestabiliza la familia que, a juro, tiene que organizar la calidad de vida del que está detenido”, agregó.
A esto se le suman las extorsiones para que las familias puedan llevar la comida y medicinas a los presos. Las cifras van desde los 5 y hasta 20 dólares, pero todo depende de la región donde estén ubicados.
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