Venezuela enfrenta una doble distorsión: se subestiman los casos de COVID-19 y se sobreestima la cobertura vacunal. Es el único país de Sudamérica sin reportes ni datos desagregados sobre la vacunación contra COVID-19.
No se informa públicamente la evolución de ninguna de las 10 categorías de monitoreo recomendadas por la OMS. No se monitorean los efectos secundarios ni hay evaluaciones locales del proceso de vacunación ni campañas que expliquen su seguridad. Los avances de vacunación se dan en alocuciones televisadas y no se corresponden con los datos reportados a la OPS.
El sonido del llanto se escapa por la rendija de la puerta. Tres bombillos iluminan el pasillo donde seis mujeres entretienen a sus hijos que lloran al escuchar a quienes ya se vacunaron.
La hija mayor de Kenia está tranquila, hoy no le toca vacunarse. Es el turno de su hermano, de apenas un año. Esta vez ha sido más fácil para Kenia, quien se embarazó por primera vez a los 35 años. Aunque fue una maternidad deseada, fue compleja.
“Cuando una es primeriza no sabe nada. Todo es nuevo. Toca recorrer y recorrer para encontrar las vacunas. No sabía que era así”. Con este segundo hijo ha sido más fácil: ya sabe dónde hay vacunas, cómo venir, qué traer.
Llegó al centro de vacunación a las ocho de la mañana. Lleva dos horas esperando, pero no está cansada. Le gusta que en este centro de vacunación en San Martín, al oeste de Caracas, hay vacunas y atienden bien. Kenia se enorgullece al decir que sus hijos tienen casi todas las inmunizaciones. Solo le falta para el siguiente año la de neumococo, que está incluida en el esquema oficial del gobierno, pero no se administra en centros públicos, y ya está ahorrando los 150 dólares que cuesta con el pediatra.
Se ha esforzado para conseguir las vacunas. “Es que yo los tuve adulta, ya era profesional y soy más consciente de su salud”. Le pregunto por la vacuna más reciente del esquema: la de covid-19, que desde noviembre de 2021 se administra en niños.
“Ah, no. Esa no. Yo creo que es demasiado. ¿Y si afecta el sistema de los niños? Las demás sí, covid no”.
La vacunación de COVID-19 en Venezuela se inició en febrero de 2021. No se publicó un plan de vacunación con metas y plazos definidos. Tampoco había una lista de los centros de vacunación, ni un procedimiento claro y equitativo. Los primeros cuatro meses se anunció una fase prioritaria para personal de salud y estratégico, pero hubo denuncias de incumplimientos. Año y medio después todavía no hay plan de vacunación público, rendición de cuentas de compra y procura de dosis ni hay datos abiertos sobre su avance.
Una de las principales recomendaciones de salud pública es atender la comunicación de riesgo: informar adecuadamente las intervenciones necesarias, sus riesgos, atendiendo las características culturales, religiosas y el sistema de valores individual.
Es particularmente importante durante emergencias, como epidemias o intervenciones que requieren la participación de la población, como la inmunización. Si una persona entiende cómo se transmite una enfermedad, probablemente aceptará y cumplirá las medidas de prevención. Si sabe el riesgo que implica la enfermedad, probablemente aceptará con mayor facilidad la idea de vacunarse. Si ve que los niveles de vacunación no son óptimos, es posible que busque vacunarse con rapidez.
“Las personas tienen derecho a saber cómo proteger su salud teniendo la responsabilidad de tomar decisiones informadas para protegerse a sí mismas, a sus seres queridos y a quienes les rodean”, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS). La comunicación de riesgo se basa en la confianza. Si la población confía en los voceros, si la información se percibe transparente y creíble, mejor será la respuesta de la comunidad.
La OMS publicó en marzo de 2021 sus recomendaciones para monitorear la vacunación. Entre otras cosas, esto permite medir la evolución del proceso, el cumplimiento de metas e identificar desigualdades de acceso.
Este monitoreo se puede hacer con diversas fuentes: los sistemas de vigilancia epidemiológica, los datos de vacunación oficiales y las encuestas de hogares. Estas últimas permiten evaluar otros aspectos, como la calidad del servicio. En Venezuela no tenemos un monitoreo público.
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, se centralizó la vocería sobre la emergencia. Se creó una comisión presidencial, encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y las decisiones se anuncian en alocuciones televisivas, sin acceso de la prensa. Desde que inició la vacunación contra covid-19, Venezuela no ha ofrecido datos abiertos y desagregados de su evolución. El avance se anuncia en actos de gobierno.
Ante esta situación, surgieron dos iniciativas de investigación desde el mundo académico. Por un lado, la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB), en alianza con el Instituto Delphos, organizaron hasta diciembre de 2021 encuestas mensuales de cobertura autorreportada de vacunación.
“Cuando evolucionaron las vacunaciones encontramos que no había, y hasta el día de hoy no se tiene, un sistema de información sobre el número de vacunados, dosis, tipo de dosis que se han administrado. La razón fundamental fue la ausencia de información regular, sistemática”, cuenta desde La Rioja, España, el profesor de la USB Marino González, Ph. D. en políticas públicas, integrante de la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Ciencias de América Latina.
Esta encuesta nacional por muestreo se realizó mensualmente entre junio y diciembre de 2021, con entrevistas presenciales a 1200 encuestados mayores de 18 años en localidades con más de mil habitantes. Sus resultados se publicaron mensualmente.
La segunda iniciativa la realiza el Observatorio Social Humanitario, encabezada por el médico infectólogo Julio Castro, investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Su monitor de vacunación ha hecho catorce mediciones nacionales, con encuestas telefónicas a una muestra de entre 2500 y 3000 personas.
“Hasta ahora, oficialmente en Venezuela solo tenemos información de voceros políticos con unos números que no han sido consistentes ni creíbles. No hay una herramienta que permita tener una perspectiva exacta de cómo va la cobertura por estado, municipio, grupo de edades. La mayoría de los países de América Latina lo tienen”, explica Castro.
Hasta ahora, la única fuente de información pública y oficial sobre las vacunaciones es la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que publica los reportes de sus países miembros. Pero incluso estos datos son insuficientes para conocer la situación real. Los datos subnacionales son fundamentales para evaluar la desigualdad entre estados, advirtió en febrero de 2022 el entonces director adjunto de la OPS, Jarbas Barbosa.
¿Qué tan dispares son las cifras de Venezuela? Revisamos y recopilamos todas las declaraciones de voceros gubernamentales que anunciaban porcentajes de cobertura vacunal contra covid-19, y las contrastamos con las encuestas y los datos de OPS.
Pese a sus diferencias metodológicas, encontramos que los datos de OPS y las encuestas tienen una tendencia relativamente similar, mientras que las declaraciones de gobierno superan por mucho lo reportado a la OPS.
Los planes de vacunación se diseñan con una meta: la cantidad estimada de personas que deben recibir la vacuna. Si esa población objetivo se subestima, la cobertura vacunal reportada puede superar el 100%. En febrero de 2022, a un año del inicio de la vacunación, Nicolás Maduro afirmó que se había superado el 100%. Los datos de OPS lo contradicen. Sin plan formal ni objetivos definidos ni datos abiertos, no hay forma de confirmar la efectividad del plan.
En una ocasión, las declaraciones del gobierno fueron contradictorias. El 27 de septiembre de 2021, Nicolás Maduro anunció una cobertura de 40%. Ese mismo día el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, reportó vía Twitter una cobertura con dos dosis de 27%. El porcentaje comentado por Maduro se acercaba a la cobertura con una dosis reportada por Ñáñez, una distinción que debió aclararse, pues la vacunación con una sola dosis implica esquemas incompletos y no corresponde al indicador real de cobertura.
“Ese número de personas con al menos una vacuna, que varios nos dicen, dejó de tener sentido. No es un indicador de protección real sobre la comunidad”, explica el doctor Castro.
Ese anuncio de Ñáñez tuvo información desagregada por dosis y por estados. Fue una excepción. La abrumadora mayoría de las declaraciones gubernamentales sólo refieren porcentajes de cobertura sin datos específicos.
El caso de Venezuela es una singularidad en la región. Es el único país de Sudamérica que no publica ni brinda acceso a ningún dato específico sobre la vacunación.
En su manual sobre monitoreo de la vacunación, la OMS definió requisitos mínimos de información que los países deberían evaluar en sus procesos.
“La utilización de la vacuna se puede evaluar por dosis para toda la población de un país para mostrar el progreso general, pero se precisarán datos más granulares para medir la vacunación por vacuna y grupo de población objetivo”, señala la publicación.
Las autoridades venezolanas no informan de manera consistente ninguna de las ocho dimensiones recomendadas por la OMS.
Si bien algunos países no reportan todas las variables, pueden reportar otros datos más específicos. Brasil, por ejemplo, informa la utilización de vacunas en grupos indígenas. Argentina reporta públicamente la distribución de dosis. Chile y Uruguay publican sus evaluaciones de cada vacuna y de efectividad de sus programas de vacunación.
“Argentina y Chile hacen reportes frecuentes de los efectos secundarios atribuibles a la inmunización. Esto es importante porque establece los efectos esperables. Por ejemplo, el dolor en el sitio de inyección es frecuente. En Venezuela se debería mostrar los datos, averiguar sobre efectos adversos. Mientras más transparentes se manejan las cosas, mayor seguridad”, explica el médico infectólogo Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la obligación de transparencia que tienen los Estados durante estos procesos. Un informe de la Unesco sobre los retos de la vacunación en América Latina ya mostraba, en mayo de 2021, que Venezuela era el único país sudamericano sin información sobre su plan. El único país latinoamericano con deficiencias de información similares fue Nicaragua.
La falta de información ha sido reclamada por sociedades médicas, organizaciones no gubernamentales como Espacio Público, Transparencia Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad. Las autoridades no han atendido estos reclamos.
No se sabe en qué medida se cumplió la vacunación en grupos prioritarios. No sabemos siquiera cómo se definió la meta en este grupo.
Sin conocer el plan de vacunación, tampoco sabemos si ha sido efectivo: ¿hay brecha de género en el acceso a la vacuna? ¿Cuántos vacunados hay en grupos vulnerables como los privados de libertad? ¿Cuál ha sido la efectividad del programa?
¿Cuántas personas nos quedan por vacunar?
Venezuela sí vacuna, pero no reporta
Una de las primeras señales de la vacunación masiva en Venezuela fueron largas filas en las afueras de los pocos centros de vacunación conocidos. Al no saber cuántas vacunas había, cuándo estarían disponibles, muchos se agolparon a las puertas para asegurar su dosis. En medio de la desorganización hubo denuncias de un mercado negro de vacunas y administración de vacunas falsas en algunos estados.
Los primeros anuncios en mayo, cuando se inició la vacunación a la población general, apuntaban al Sistema Patria como mecanismo para obtener citas. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó que el sistema asignaría las citas aleatoriamente a los registrados mayores de 60 años. Pero este sistema es una plataforma con base política y sin mandato definido. Se utiliza para distribuir alimentos, también para asignar subsidios de combustible y para entregar bonos aleatorios creados por el gobierno nacional. No hay una autoridad que rinda cuentas sobre su funcionamiento y no incluye a todos los venezolanos. El Sistema Patria ha sido señalado como una herramienta de control social y político, su utilización para el proceso de vacunación se consideró excluyente.
Tres días después, el Ministerio de Salud publicó en su sitio web un nuevo sistema al cual podían acceder todos los venezolanos. Sin embargo, este sistema tampoco explicaba las fases de vacunación: cualquiera podía inscribirse desde el inicio, incluso si no cumplía con los criterios de priorización.
Pese a los escollos iniciales, la vacunación de covid-19 se ha mantenido constante en el país. En octubre de 2021 se eliminó el requisito de la cita y se inició la vacunación de adolescentes. En noviembre se inició la inmunización infantil y se incorporaron dos cadenas de farmacias privadas, ampliando la oferta de sitios disponibles.
Pero la vacunación no ha sido suficiente. Los datos de la OPS muestran que Venezuela es el tercer país de Sudamérica que ha aplicado menos primeras dosis por cada cien personas, el segundo con menos esquemas completos por cada cien habitantes y es el país con menos dosis adicionales administradas.
Por Luisa Salomón/Este reportaje producido por Prodavinci con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su Iniciativa global de reportajes sobre la salud: vacunas e inmunización en América Latina y el Caribe.
