Hace unas semanas se publicó un reportaje en The Washington Post sobre abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes por parte de miembros del clero venezolano. En su investigación, la periodista daba cuenta de graves indicadores de presuntos encubrimientos de las autoridades competentes, tanto eclesiásticas como civiles, e incluso señaló el poco interés sobre la materia de las organizaciones de la sociedad civil.
La investigación -basada en estudios de casos emblemáticos- identificó, por parte de las autoridades civiles, cierta laxitud y negligencia en el abordaje de los mismos, dejando a las víctimas en el desamparo y el delito, en completa impunidad.
Ante los señalamientos del reportaje, el fiscal general de la República reaccionó lavándose las manos y responsabilizando a las autoridades de la Iglesia: «La jerarquía eclesiástica es la que tiene que responder frente a eso. Nosotros tenemos abiertos casos con imputaciones, con acusaciones, con condenas contra miembros de la Iglesia que, lamentablemente, cometieron actos en contra de la familia venezolana». Ante esta declaración del fiscal, el investigador y defensor de derechos humanos, Carlos Lusverti, precisó: «No hay que olvidar que es obligación del Estado garantizar la protección de los niños y adolescentes según el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ―en concordancia con los artículos 19 al 23― y, conforme al ordenamiento jurídico internacional, el país ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos Humanos».
En cuanto a la sociedad civil, uno de los hallazgos que arrojó la investigación del Washington Post fue la ausencia de organizaciones con el mandato específico de monitorear, identificar y acompañar casos de víctimas de abusos sexuales por parte del clero o de personas con responsabilidades importantes en la Iglesia, como existe en otras latitudes.
La ONG Cecodap, organización con una gran autoridad y trayectoria en materia de defensa de DD.HH. de niños, niñas y adolescentes, se pronunció vía Twiter en la voz de su director, Carlos Trapani: «Cualquier hecho de violencia contra un niño, sea cometido por un papá, mamá, docente o sacerdote, debe ser investigado».
De igual modo, un importante grupo de ONG emitió un comunicado a la opinión pública condenando los abusos sexuales dentro de la Iglesia y exigiendo, tanto a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) como al Estado, detener la impunidad ante estos casos, sancionar a los responsables y, consecuentemente, reparar a las víctimas de tales abusos.
La Rednna, red de ONG que trabaja por los derechos de niños, niñas y adolescentes -muchas de inspiración cristiana y vinculadas a la Iglesia católica- señaló lo siguiente: «El Estado venezolano tiene una responsabilidad ineludible de aplicar la ley sin atenuantes contra quienes han cometido abusos» y leyó los resultados de la investigación como «una oportunidad para que la Iglesia católica manifieste públicamente y de manera categórica su rechazo a este tipo de situaciones que afectan la dignidad del ser humano, violan leyes nacionales, tratados internacionales, específicamente la Convención sobre los Derechos del Niño, y vulneran los principios morales sobre los que se sustenta la doctrina cristiana».
Iglesia venezolana reconoció los señalamientos sobre abusos sexuales
En rueda de prensa, efectuada el 7 de julio, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) reconoció los señalamientos: «Los abusos sexuales, sin excepción, constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afecta a los más débiles. Lamentablemente, también miembros de la Iglesia han cometido estos abusos, provocando profundas heridas en la vida de la víctimas». Ante esta realidad, la CEV afirmó que la Iglesia «ha pedido perdón y ha acompañado, del modo más integral y pastoral, a las víctimas». También precisó que es responsabilidad del Estado y sus instituciones competentes proceder por vía civil para que haya justicia y no impunidad, por lo que «ni se ha opuesto ni se opone a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos. Al contrario, respeta sus decisiones y ha prestado la colaboración para el esclarecimiento de los hechos en que se han visto implicados sacerdotes y otros miembros de la Iglesia».
Ante los señalamientos de casos concretos en diversas diócesis del país, el vocero de la CEV, monseñor Mario Moronta, remarcó que, aunque la CEV viene trabajando en la formación y elaboración de políticas y protocolos para ambientes seguros, a cada obispo -en su diócesis- corresponde garantizar que se apliquen los protocolos y procesar los delitos de su competencia en corresponsabilidad con la justicia civil.
El papa Francisco ha venido insistiendo, desde el inicio de su pontificado, en «tolerancia cero ante los abusos sexuales» y, recientemente, ha vuelto a subrayar: «Somos religiosos, somos sacerdotes para llevar a la gente a Jesús, no para ‘comer’ a la gente con nuestra concupiscencia…Y el maltratador destruye, ‘se come’ al maltratado con su concupiscencia. Tolerancia cero».
El Sumo Pontífice ha venido enfatizando varias líneas de acción en la que las iglesias locales y las congregaciones religiosas deben insistir para prevenir los abusos sexuales en sus ambientes: 1) No te avergüences de denunciar; 2) por favor te pido esto: «tolerancia cero»; 3) no torear los casos porque «esto no se resuelve con una transferencia»; 4) aplicar los protocolos de prevención para crear los ambientes seguros; 5) activar los procesos, tanto canónicos como civiles, para reducir los daños y la impunidad; y 6) acompañar y reparar a las víctimas.
La pederastia es una distorsión y perversión de la sexualidad humana y, por tanto, en todo ámbito de convivencia es posible que ocurran casos; este comportamiento esta presente en la familia, instituciones educativas, cuerpos de seguridad, ONG, equipos deportivos, centros académicos, iglesias y otros. Por ello, se requiere una efectiva política preventiva y punitiva enmarcada en las leyes civiles y los tratados y convenios internacionales en la materia.
En el caso de la Iglesia, el abuso de poder y el abuso sexual hacen un daño irreparable a la víctima y quiebra lo medular de la misión pastoral, que es la creación de confianza y fraternidad fundadas en el amor.
Por eso, Francisco ha exhortado a la Comisión Pontificia para la Protección de Menores «a ayudar a las Conferencias Episcopales a crear centros especiales donde las personas que han sufrido abusos y sus familiares puedan encontrar acogida y escucha y ser acompañadas en un camino de curación y de justicia, como indica el Motu Proprio «Vos estis lux mundi» (cf. Art. 2). Este compromiso será también una expresión de la naturaleza sinodal de la Iglesia, de comunión, de subsidiariedad».
Jesús dijo: «dejad que los niños se acerquen a mí» (Mt 19,14), pero también enfatizó que «el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar» (Mt 18,6).
Por: Alfredo Infante, SJ.
