La Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas acusa a las fuerzas de seguridad de cometer delitos de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales en Venezuela.
A través de un informe de 158 páginas, Naciones Unidas registró persecución, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, arrestos y desaparición de ciudadanos venezolanos en el contexto electoral.
Delitos de lesa humanidad contra niños y adolescentes
En el informe, también se reseña que unos 150 niños y adolescentes sufrieron violencia por parte de los cuerpos de seguridad. Los menores de 18 años fueron arrestados y a la mayoría los acusaron de delitos como el de terrorismo.
Algunos adolescentes recibieron condenas de hasta 10 años de cárcel por salir a protestar en las movilizaciones sociales postelectorales.
Naciones Unidas documentó la vida política venezolana desde el 1 de septiembre de 2023 y hasta el 31 de agosto de 2024. Al menos, en este rango de fechas ocurrieron los presuntos delitos que señala la Misión.
Después de las elecciones, al menos una 1.800 personas fueron arrestadas, según la ONG Foro Penal. La ONU documentó que este grupo de ciudadanos sufrieron desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.
La misión de la ONU
El pasado 11 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la extensión del mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela, tras la solicitud que varios gobiernos e integrantes de ONG de derechos humanos hicieron semanas atrás.
La decisión contó con 23 votos a favor, 6 en contra y 21 abstenciones, entre ellas, las de Brasil Qatar, Emiratos Árabes e India. Entre los votos en contra destacan los de Eritrea, Argelia, China, Cuba, Sudán y Vietnam.
De igual forma, el pasado 17 de septiembre los líderes de la Misión presentaron un nuevo informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país en el que documentaron la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Por su parte, y en respuesta a este informe, el Gobierno de Venezuela rechazó el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificándolo de “vulgar y panfletario”.
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